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Siguen vigentes las pensiones de Hitler

Alrededor del mundo hay unas 2 mil personas que reciben pensión del gobierno alemán, pero no cualquier tipo de pensión: los beneficiarios pueden ser alemanes o no que durante la Segunda Guerra Mundial colaboraron de manera voluntaria con el Tercer Reich. Entre ellos –incluidos presuntamente un par de mexicanos– hay quienes se unieron a las Waffen SS –cuerpo de élite que fue juzgado por crímenes de guerra– y hasta ayudaron al régimen hitleriano a llevar adelante el exterminio en los campos de concentración.

BRUSELAS (Proceso).- Casi 2 mil excolaboradores del nazismo –o sus deudos–, radicados en distintos países, reciben actualmente una pensión del Estado alemán por la “lealtad y obediencia” que ofrecieron al régimen de Adolfo Hitler durante la Segunda Guerra Mundial.

Conocidas como “las pensiones de la vergüenza”, estas compensaciones de guerra para excolaboradores extranjeros han provocado tensiones diplomáticas con Alemania, que se rehúsa a revelar las identidades de los beneficiarios y los montos que paga desde hace casi 70 años. Berlín alega que se lo prohíben sus leyes de privacidad.

La Ley Federal de Compensación a las Víctimas de la Guerra (BVG) entró en vigor en 1950, pero fue el propio Hitler quien implantó por decreto ese beneficio en 1941. Tras la derrota del Tercer Reich en 1945, los aliados abolieron todos los actos legales del régimen nazi menos ese, por lo que la República Federal de Alemania y luego los gobiernos de la reunificación continuaron con su aplicación.

Christina Jager, vocera del Ministerio Federal del Trabajo y Asuntos Sociales, explica a Proceso que esas compensaciones fueron atribuidas a personas “cuya salud fue afectada en el cumplimiento de funciones militares o por impacto directo de la guerra”.

Están incluidos soldados del ejército nazi (la Wehrmacht) y “víctimas civiles que pudieron haber sido heridas por bombas o fuego de artillería”, como fue el caso de muchos auxiliares de protección y seguridad civil que actuaban en las zonas bajo control del nacionalsocialismo. La BVG abarca igualmente a las viudas o huérfanos de soldados y colaboradores del nazismo.

El gobierno alemán confirma a este semanario que dos beneficiarios viven en México. “Hay dos personas que están recibiendo beneficios acordes con la BVG. Puede tratarse de nacionales mexicanos o de alemanes que se hayan instalado” en ese país, explica Jager.

La misma fuente afirma que el gobierno federal desconoce en cualquiera de los casos –incluyendo a los residentes en México– los nombres de quienes cobran la pensión o si cometieron crímenes de guerra, ya que los responsables de la gestión y el pago de esas indemnizaciones son los estados federados.

Tim Cordssen, portavoz del estado de Bremen, al que le corresponde administrar los casos mexicanos, dice vía correo electrónico que la Regulación General de Protección de Datos de Alemania impide proporcionar información personal de los beneficiarios.

Criminales de guerra

El hermetismo de Alemania se resquebrajó a finales de 2014 cuando una directiva de la Comisión Europea obligó a sus autoridades fiscales a informar y compartir datos sobre las pensiones que transfería a otros Estados de la Unión Europea.

Berlín cumplió a medias, ya que siguió protegiendo el anonimato de sus archivos. Cuando el gobierno holandés solicitó en 2015, basado en la nueva directiva europea, que entregara la documentación personal y la relación de los pagos efectuados a los voluntarios del Movimiento Nacionalsocialista de los Países Bajos (partido que apoyó a Hitler), el gobierno de Angela Merkel simplemente respondió que “esa obligación sólo se aplica a las pensiones civiles, no a las militares”.

El más reciente corte general que ha ofrecido el gobierno alemán arrojó que en mayo pasado, mil 934 personas, ya nonagenarias en su mayoría, todavía cobraban una pensión vinculada con la lealtad hacia el nazismo, principalmente en Polonia (537), Estados Unidos (250) y Eslovenia (184).

Como la lista de beneficiarios es secreta y no hay posibilidad de una verificación independiente, no hay garantía de que quienes hayan obtenido el derecho a la pensión bajo la BVG no hayan cometido crímenes de guerra.

El gobierno de Merkel ha precisado que la prestación no se otorga por el simple hecho de haber servido en la Wehrmacht o las Waffen SS, los “escuadrones de protección” militar constituidos por combatientes de élite del nacionalsocialismo. Una reforma a la ley, que entró en vigor en enero de 1998, se hizo para excluir a los beneficiarios que estuvieran “implicados en la violación de los principios de humanidad y estado de derecho durante el reinado nazi”.

En esa ocasión, sin embargo, apenas quedaron fuera del sistema 99 personas, en un proceso lleno de dudas. En ese momento había 1 millón de individuos cubiertos por la BVG, recordó el director del Centro Simon Wiesenthal de Jerusalén, Efraim Zuroff, en una entrevista publicada en el diario francés Le Monde el pasado miércoles 5.

Ese centro, creado en 1977 y reconocido por la ONU, había presentado al gobierno alemán de la época, encabezado por Helmut Kohl, una lista de 78 mil nombres de criminales de guerra nazis para que la cotejara con sus registros y pudiera quitarle la pensión a mucho más que un centenar. “Las cosas”, lamentó Zuroff, “no sucedieron como esperábamos”.

Lo que descubrió Francia afianzó las sospechas. El embajador alemán en París, Nikolaus Meyer-Landrout, informó a las autoridades francesas que había 54 beneficiarios de la BVG en este país. El diplomático aseguró que ninguno había cometido crímenes de guerra.

El Ministerio de Defensa de Francia solicitó más información sobre ellos, por lo que Berlín entregó en marzo pasado sus perfiles: 27 son viudas y seis huérfanos, pero entre los 27 heridos en combate (nueve franceses y 18 alemanes), había 10 militares, cuatro de ellos excombatientes de las Waffen SS, tres franceses y un alemán.

Entre los primeros, uno perteneció a la División Charlemagne, que organizó a los voluntarios franceses en el Frente Oriental; otro es un alemán naturalizado francés cuya unidad no se precisó, y el que más recelo levantó es un originario de Alsacia (región gala anexada por Hitler) que por decisión propia se alistó en la Wehrmacht y en 1943, a la Tercera División Blindada SS Totenkopfverbande (“unidades de la calavera”), una de las más fanatizadas y que estaba encargada de vigilar los campos de concentración y exterminio del Tercer Reich. El beneficiario alemán fue miembro de una división que luchó en la Unión Soviética.

El mismo desconcierto cundió en Gran Bretaña cuando se descubrió que entre los 34 pensionados del Estado alemán hay antiguos efectivos de las Waffen SS, cuyo comportamiento militar se ignora. En Suiza, Holanda y Suecia hay casos similares.

En noviembre de 2015 el gobierno de Merkel notificó que seguía pagando pensiones a los franquistas de la División Azul que por voluntad propia combatieron a lado del ejército nazi, con un costo anual al presupuesto nacional de 107 mil euros. En la actualidad hay 30 beneficiarios domiciliados en España.

Tensiones diplomáticas

Desde hace décadas se conocía la existencia de pensiones de guerra del régimen alemán, pero los Estados europeos no habían mostrado interés por esclarecer las especulaciones que circulaban, contrario a la atención que se manifestaba en los círculos de extrema derecha.

En septiembre de 1970, por ejemplo, la revista belga Berkenkruis, fundada por voluntarios flamencos (belgas de lengua holandesa) que combatieron con los nazis en el Frente Oriental, publicó la inquietud de un hombre de 69 años, nacido en Amberes, que se había unido a las Waffen SS –motivo por el cual había purgado cinco años de cárcel en Bélgica– y preguntaba cómo podía acceder a la pensión alemana para completar su jubilación principal.

Con más de 80 mil nacionales juzgados tras la Segunda Guerra Mundial por colaborar con el enemigo –de medio millón de belgas que se enrolaron en las SS o el ejército nazi–, Bélgica ha sido uno de los más fuertes críticos de la BVG. En 1992 fue una de las primeras naciones en solicitar, sin éxito, explicaciones a los vecinos alemanes.
El Groupe Mémoire, fundado en 1993 y formado por miembros de la resistencia contra el nazismo y sus familiares, estimaba en 2012 que entre los favorecidos por el Estado alemán había 2 mil 500 colaboradores belgas del nacionalsocialismo que purgaron prisión por esa causa, de un total de 38 mil que habrían recibido dicha pensión desde los cincuenta.

El pasado 19 de febrero fue un periódico belga, De Morgen, el que reactivó la polémica al publicar en primera plana el dato preciso de que 27 personas todavía se beneficiaban en Bélgica de la BVG (después el gobierno alemán bajó la cifra a 18).

En ese reportaje, Alvin De Coninck, investigador del Groupe Mémoire, reveló que las indemnizaciones iban de 425 a mil 275 euros (entre 9 mil y 27 mil 300 pesos) por mes, con la regla de que pasar más años de prisión en Bélgica por haber colaborado con los nazis, considerado como tiempo de trabajo, implica mayor monto de jubilación; libre de impuestos, además.

En cambio las compensaciones para trabajadores forzados y deportados del nazismo apenas llegan a 50 euros mensuales, menos impuestos, ya que la administración alemana sí transmite sus nombres a las jurisdicciones fiscales de otros países.

En diciembre de 2016, diputados belgas francófonos introdujeron una propuesta de resolución en la Cámara de Representantes de Bélgica, en la que exigían a Alemania que entregara la lista de los destinatarios de las pensiones de la BVG y sus montos, así como “abrogar” ese sistema de apoyos en el caso de “los antiguos colaboradores militares belgas del nacionalsocialismo”.

El texto señala: “La percepción de pensiones por la colaboración con uno de los regímenes más asesinos de la historia entra en contradicción con el trabajo de memoria y el proyecto de paz que constituye la integración europea” y “porta perjuicio a las relaciones bilaterales entre Bélgica y Alemania”.

Tras más de dos años de debates parlamentarios –que incluyeron una misión legislativa de dos días en Berlín y la comparecencia del embajador alemán en Bruselas–, la resolución fue adoptada el pasado 14 de marzo por el pleno de la Cámara de Representantes. En contra votaron dos partidos de la parte de habla holandesa del país: el de extrema derecha Vlaams Belang (que siempre ha defendido a los colaboracionistas nazis) y el nacionalista de derecha Nueva Alianza Flamenca, el más votado en la región.

En la versión aprobada, los diputados añadieron un punto muy duro contra Berlín: solicitan al Ejecutivo belga que “sensibilice al gobierno federal alemán de la injusticia ejercida por las víctimas del nazismo, quienes no reciben ninguna ayuda, mientras que los colaboradores belgas perciben una pensión sobre la que no deben pagar impuestos”.
Consultada por este corresponsal, la embajada de México en la capital alemana –por conducto de su vocero, Zirahuén Villamar–, declara que “no tiene conocimiento” del tema, ni del caso de las dos personas afincadas en el país que cobran las llamadas “pensiones de Hitler”. l

*Este reportaje se publicó el 30 de junio de 2019 en la edición 2226 de la revista Proceso. Aquí puedes leer el texto original.

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