La Corte de La Haya rechazó una solicitud para investigar crímenes de lesa humanidad en México, revela documental

BRUSELAS (apro).- La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya decidió, en octubre de 2015, dar carpetazo a una solicitud de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) para abrir un examen preliminar por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado en México, principalmente en Baja California, durante el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y en el marco de la guerra contra el narcotráfico.

Así lo revela el documental México: justicia para los desaparecidos, de los realizadores belgas André Chandelle y Patrick Remacle, el cual fue transmitido por la cadena de televisión franco-alemana Arte y está disponible en su portal de internet.

Para la Oficina de la Fiscal Fatou Bansouda, -se menciona en el documental-, los elementos de prueba presentados en 2012 y 2014 por la FIDH y dos ONG mexicanas -la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Comisión Ciudadana de los Derechos Humanos del Noroeste- “son insuficientes para abrir una investigación preliminar” que tenga como fin encontrar, procesar y juzgar a los presuntos responsables de crímenes de lesa humanidad en caso de que el Estado mexicano no lo hiciera.

Esta es la primera vez que se hace público que la fiscalía de la CPI rechaza seguir adelante con una “comunicación” sobre México de manera oficial.

“Desde un plano jurídico, uno puede hablar de guerra o de guerra contra las drogas, (pero) cuando uno escucha guerra, uno piensa en conflicto armado, y conflicto armado es el recurso a la fuerza entre un Estado y al menos un grupo organizado, o eventualmente entre dos Estados”, explica en el documental Emeric Rogier, jefe de la Sección de análisis de situación de la Fiscalía de la CPI.

“La noción de ‘guerra contra las drogas’, para la Oficina de la Fiscal no significa nada; puede evocar un contexto o una situación, pero no corresponde a una calificación jurídica”, agrega Rogier.

En una carta que la fiscalía envió a la FIDH el 22 de octubre de 2015 -y de la cual posee una copia Apro-, se argumenta que “la debilidad estructural de la administración de la justicia, un alto nivel de impunidad y el aumento del crimen organizado (…) pueden haber contribuido a las violaciones generalizadas a los derechos humanos reportadas (en México) durante los últimos años”.

Sin embargo, la fiscalía determinó que tales factores, en lugar de reforzar la necesidad de una intervención de la CPI, crean “obstáculos adicionales a la calificación jurídica preliminar de tales conductas como crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, tal como están definidas en el Estatuto de Roma”.

Hasta la fecha se tiene conocimiento de al menos seis “comunicaciones” o solicitudes públicas para que la CPI enjuicie a los responsables de posibles crímenes de lesa humanidad en México, entre ellos Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, altos funcionarios de seguridad y defensa de sus respectivos gabinetes, los exgobernadores Humberto Moreira y Javier Duarte de Ochoa, así como capos del narcotráfico como Joaquín El Chapo Guzmán.

La FIDH espera una respuesta de la fiscalía de la CPI, que podría darse a más tardar a finales de 2018, en relación a una nueva solicitud que realizó para que efectúe un examen preliminar a partir de los casos específicos de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por policías y militares en el estado de Coahuila entre 2009 y 2016, y cuya información detallada entregó la ONG internacional en julio pasado.

*Esta nota informativa fue publicada el 13 de diciembre de 2017 en el portal de la revista PROCESO.
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