TLC México-UE: derechos laborales, pendientes

Enrique Peña Nieto y Angela Merkel. Foto: Especial

BRUSELAS (apro).- Decir que los acuerdos comerciales son fuente de empleo y de mejoramiento económico para los ciudadanos ya es un lugar común en el discurso del gobierno mexicano. El acuerdo con la Unión Europea (UE) –que comenzó un proceso de renegociación este lunes 13 en la capital belga– no es una excepción.

El 10 de junio de 2014 el presidente Enrique Peña Nieto expresó durante una gira de trabajo en España que “los acuerdos alcanzados con países europeos generarán empleos y mayor crecimiento económico para nuestras sociedades”.

Un año después, el 14 de junio de 2015, el mandatario priista insistió esta vez desde Roma: “La relación entre México e Italia –dijo– debe traducirse en acuerdos que permitan elevar los niveles de inversión recíproca en ambas naciones y generen empleos a partir del flujo comercial”.

Dos días antes afirmó en la sede de las instituciones de la UE en Bruselas que ambos socios debían “aprovechar las oportunidades derivadas de las reformas estructurales de México y las que la UE ha emprendido” y “fortalecer la cooperación” en el empleo.

El presidente Peña Nieto no ha mencionado en que estudios se basa para asegurar lo anterior. En todo caso, la consultoría holandesa Ecorys aporta algunas estadísticas reveladoras.

Desde que entró en vigor en 2000, el tratado comercial con Europa ha incrementado 0.34% el producto interno bruto de México. En particular, el acuerdo comercial ha elevado el salario de los trabajadores mexicanos entre 0.24% y 0.45% (0.02% el de los europeos), siendo los menos “beneficiados” los trabajadores con menores calificaciones.

Ecorys precisa que “los cambios sobre la pobreza y la desigualdad” atribuibles al tratado “son muy pequeños” y que éste tampoco fomentó mejoras en los derechos laborales de los mexicanos, ya que, recuerda la consultoría, no existe un capítulo al respecto.

Ese diagnóstico realizado por los expertos de Ecorys formó parte de un reporte elaborado a solicitud de la Comisión Europea dentro del proceso de renegociación del acuerdo con México. Tal reporte fue publicado en mayo de 2015 y presentado públicamente al mes siguiente en la Ciudad de México.

Posteriormente la UE publicó su propia evaluación de impacto en torno a la renegociación, donde formula dos escenarios derivados del grado de liberalización que alcancen las partes.

En el mejor de los casos, el llamado “escenario ambicioso”, los sueldos de los mexicanos menos capacitados se elevarían 0.53% y el de los más capacitados 0.74% (0.10% y 0.09%, respectivamente, el de los europeos). En ese mismo escenario “ambicioso”, el aumento del producto interno bruto crecería 0.02% en relación al interior (de 0.34% pasaría a 0.36%).

El salario mínimo actual en México es de 73.04 pesos diarios. Quizás es posible deducir que si se abre el comercio y las inversiones de la forma “ambiciosa” en que lo desea la Unión Europea, el salario de un trabajador mexicano que gana el mínimo aumentaría de 17 a 39 centavos por día gracias al acuerdo con los europeos. Y los profesionales más calificados acrecentarán su ingreso de 33 a 54 centavos diarios. Siempre que se trate de trabajadores formales.

Si la renegociación se ajusta al “escenario conservador”, ese “beneficio”, según los europeos, sería menor al que proporciona el acuerdo en su forma vigente (entre 0.15% y 0.19% en lugar de entre 0.24% y 045%).

El pasado 9 de junio el sindicato global IndustriALL emitió una “resolución de emergencia” sobre las negociaciones del acuerdo México-UE. En ella denunció que, “a pesar de la presión internacional, México sigue violando de manera sistemática las normas laborales internacionales relativas a la libertad sindical, el derecho a organizarse y a la negociación colectiva”.

Dicha organización fue fundada en 2012 en Dinamarca tras la fusión de los sindicatos mundiales del sector manufacturero, energético y minero. Representa a 50 millones de trabajadores en todo el mundo, incluido México, y desde su sede en Ginebra realizan actividades de cabildeo ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a cuyos comités de especialistas reportan sobre la situación mexicana.

En la citada resolución, IndustriALL incluye como preocupaciones específicas respecto a México “la corrupción y los conflictos de intereses en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, el uso persistente de los ‘contratos de protección’ dominados por los patrones y las demoras de los recuentos sindicales”. También le preocupan temas como “la discriminación de género, el trabajo infantil, y la seguridad y la higiene ocupacional”.

Todas esas violaciones, señala el sindicato global, han sido ampliamente documentadas en los informes de los órganos de control de la OIT y de expertos independientes.

En una charla desde Ginebra con este columnista, e brasileño Fernando Lopes, que trabaja directamente con el secretario general de IndustriALL, Jyrki Raina, acusa que el gobierno de Peña Nieto “hace mucha propaganda” y plantea “soluciones falsas” a la “malísima” situación de los derechos laborales en el país.

El sindicalista puso de ejemplo la prometida ratificación del Convenio 98 de la OIT sobre negociación colectiva. El gobierno peñanietista elaboró un dictamen de ratificación en octubre de 2014 y lo entregó al Senado. Hace más de un año, el 9 de marzo de 2015, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, envió incluso una carta a la secretaria general de la Confederación Sindical Internacional, Sharan Burrow, para presumir ese supuesto avance.

Pero hasta ahora no pasa nada, se queja Lopes, y afirma que “si de verdad” el gobierno mexicano quisiera que fuera aprobada la ratificación ya la hubiera empujado “utilizando su mayoría en el Senado”. “El gobierno –dice– cree que ya cumplió con su parte al mandar la iniciativa a los senadores”.

En su documento de evaluación de impacto, la UE menciona que la introducción en el tratado con México de un capítulo sobre “Comercio y desarrollo sustentable” servirá para que las partes se comprometan a respetar las normas de la OIT y a ratificar las convenciones faltantes. Pero los sindicatos internacionales ya advirtieron: eso sólo será posible si tal capítulo es “ambicioso” y “jurídicamente aplicable”.

*Esta columna Europafocus fue publicada el 15 de junio de 2016 en el portal de la revista PROCESO.Lee aquí el texto original➜

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