INFO-FOCUS: Proponen en el Parlamento Europeo investigación independiente por caso Ayotzinapa

[signoff]Nota publicada el 6 de febrero de 2015 en la Agencia PROCESO[/signoff]
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Padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Foto: Mirra Banchón

Bruselas (apro).- En presencia de los padres de dos normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, miembros de diversos signos ideológicos que participaron en la sesión del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo exhortaron al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto a que no cierre las investigaciones del caso.

Lo anterior en respuesta a las declaraciones del procurador general de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, que el pasado 28 de enero dio por hecho que los cuerpos de los estudiantes fueron quemados en el basurero de Cocula, versión que calificó de “verdad histórica”.

“No hay una investigación pericial de las armas; no hay pruebas balísticas; todo está basado en declaraciones, y nadie ha contrastado la versión oficial”, lamentó la eurodiputada verde alemana Bárbara Lockbihler, quien fue presidenta del subcomité en la pasada legislatura.

“Si hay algo que podemos hacer en el Parlamento Europeo es pedirle al gobierno mexicano que no dé por cerrado el caso”, expresó el eurodiputado español y presidente de la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana, Ramón Jaúregui, como también lo señaló su compañero del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, José Blanco, para quien “no debe cerrarse el caso mientras exista una duda sobre lo que pasó”.

No obstante, los dos eurodiputados consideraron que el gobierno mexicano había actuado de manera adecuada en las investigaciones, y que había que “reconocer que el gobierno mexicano no había permanecido impasible” frente a “una barbarie de tal dimensión”.

Anteriormente, Bernabé Abraján e Hilda Legideño, cuyos hijos siguen desaparecidos desde el 26 de septiembre, cuando fueron atacados y desparecidos por la policía de Iguala, acusaron al gobierno peñista de estar engañándolos y de no querer investigar realmente sobre el paradero de los desaparecidos.

Explicaron las inconsistencias de la versión oficial y afirmaron haber perdido la confianza en el gobierno mexicano, el cual, acusaron, los está reprimiendo para acallarlos, por lo que pidieron al Parlamento Europeo apoyarlos para exigir al presidente Peña “que se haga justicia”, que incluya el enjuiciamiento del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre.

Legideño respondió a Jáuregui y Blanco que el gobierno mexicano “viene a expresar aquí una cosa y allá (en México) hace otra”, y que las acciones que difunde en Europa sólo existen “en el papel”, no en la realidad.

El grupo de los verdes y el de la Izquierda Unitaria (IU) insistieron en que el gobierno mexicano es responsable, y no víctima de los hechos. Javier Couso, de IU, estimó que el Estado mexicano está involucrado “por omisión o comisión” en la ejecución de las desapariciones y en su encubrimiento. Por esa razón, solicitó que el Parlamento Europeo exija al gobierno peñista que garantice la seguridad de los estudiantes sobrevivientes, las familias de las víctimas y los abogados que los defienden.

El embajador ante la UE, José Gómez Camacho, afirmó que el caso “no está, ni estará cerrado” hasta que se detenga a los prófugos y se concluyan los dictámenes genéticos de la Universidad Médica de Innsbruck.

Y como lo ha hecho en repetidas ocasiones, insistió una vez más en que el gobierno ha actuado con “apertura y transparencia, así como con “determinación y contundencia” y movilizando “todos los recursos” del Estado. El resultado, aseguró, es una investigación “sin precedente” que hasta el momento suma 99 personas detenidas.

Al término de la reunión, el subcomité acordó solicitar a la Unión Europea (UE) que financie una “investigación independiente” sobre el caso y que apoye económicamente a los familiares, a través de los recursos que dispone para la cooperación en materia de derechos humanos con México.

Los eurodiputados solicitarán que, para ese propósito, se canalice “la mayor parte” del presupuesto que maneja la Delegación de la UE en México, el cual asciende a un millón de euros aproximadamente.

La presidenta de tal instancia del Parlamento Europeo, la española Ana Valenciano, tomó nota de la decisión y giró órdenes para que sea formalmente redactada la petición, la cual deberá ser estudiada por los expertos en cooperación de la Delegación de la UE en México.

Una fuente del Servicio Europeo de Acción Exterior comentó que muy probablemente será aceptada la iniciativa europarlamentaria, ya que así se enviaría una señal positiva del compromiso de la UE con los derechos humanos.

Si fuera el caso, el dinero provendría de los fondos del esquema de financiamiento de la sociedad civil y tendría que ser encauzado a través de un organismo, como una organización de derechos humanos, que presente un proyecto adecuado de investigación independiente en el marco de una convocatoria previa.

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