Foto: Comisión Europea

Juncker, en el ojo del huracán

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BRUSELAS (apro).- El nuevo presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, está envuelto en un escándalo global por haber permitido que las autoridades fiscales de Luxemburgo, cuando él era primer ministro, sostuvieran acuerdos secretos con 340 trasnacionales para evadir impuestos en otros países entre 2002 y 2010, según reveló el pasado miércoles 5 el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación con base en documentos internos de la consultoría PricewaterhouseCoopers a los que tuvo acceso.

En el cargo desde el 1 de noviembre, Juncker también es cuestionado por haber reorganizado a la Comisión Europea –la institución de la Unión Europea (UE) que propone y vigila las leyes que son aplicadas en los 28 Estados miembros—, tal como lo propuso un grupo de multinacionales asociadas en una organización llamada Friends of the European Commission (Amigos de la Comisión Europea).

[signoff]Artículo publicado el 7 de noviembre de 2014 en el suplemento Prisma Internacional de la Agencia PROCESO[/signoff]

Lo anterior con el propósito de asegurarse un mayor control de la institución para favorecer a los corporativos, a través de medidas que reduzcan los niveles de protección de los ciudadanos y la ecología, denuncia un informe de Corporate Europe Observatory (CEO) y Friends of the Earth-Europe (FoE-Europe), organizaciones independientes, con sede en Bruselas que monitorean el cabildeo empresarial.

Explican que, haciendo uso de las nuevas prerrogativas del puesto, el exprimer ministro luxemburgués reestructuró la Comisión Europea en seis grandes secciones temáticas, cada una bajo la supervisión de un vicepresidente:

Empleo, crecimiento, inversión y competitividad; mercado único digital; unión energética; euro y diálogo social; presupuesto, recursos humanos.

Para una mejor cooperación y funcionamiento interno de la institución –argumentó Junker al presentar la nueva estructura el 10 de septiembre último–, esos vicepresidentes coordinan el trabajo de varios comisarios (secretarios de cartera) “en composiciones que podrían cambiar de acuerdo con las necesidades y los nuevos proyectos que se desarrollen”.

De ahora en adelante, cada vicepresidente tiene derecho de veto sobre cualquier iniciativa de nueva ley que intenten implementar los comisarios en su campo de encargo. Pero es el Primer Vicepresidente, el exministro holandés de Asuntos Exteriores, Frans Timmermans, también responsable de la cartera de Mejor Regulación, Relaciones Inter-institucionales, Estado de Derecho y Derechos Fundamentales –también creada por Juncker–, quien podrá ejercer su veto sobre todos los demás vicepresidentes.

En septiembre, la directora de FoE-Europe, Magda Stoczkiewicz, advirtió que la creación de esa posición de Primer Vicepresidente encargado de “mejor regulación” era “muy alarmante”. En su opinión, ello significa que la autoridad, bajo el pretexto de atacar el “exceso burocrático” (o red tape, término en inglés), busca eliminar o reducir “normativas esenciales” para proteger a la ciudadanía, en materias como la salud y la seguridad, la protección medioambiental, así como los derechos laborales y de los consumidores.

Para la activista, esas leyes “no deben ser consideradas cargas administrativas sino derechos esenciales de los ciudadanos europeos, que deben ser protegidos”.

Propuesta corporativa

Las ONG europeas señalan, irónicamente, que la estructura de la nueva Comisión Europea de Juncker –presentada el 10 de septiembre—es “increíblemente parecida” a una propuesta confidencial del grupo Friends of the European Commission que fue filtrada en julio.

El documento que consta de seis páginas –al que tuvo acceso Apro–, afirma que “ya es tiempo, y es de la máxima importancia, que el próximo presidente reforme la organización de la Comisión (Europea) y forma de funcionamiento y redistribuya todos los portafolios en grupos temáticos en torno a un sistema de vicepresidentes”.

El documento plantea cinco subgrupos con su vicepresidente cada uno.

La estructura que propone Friends of the European Commission “es casi una copia de la estructura que quedó con Juncker”, indica el informe de CEO y FoE-Europe. Sin embargo, también recalcan que muchos de los integrantes de aquella “oscura pero influyente” agrupación corporativa son antiguos funcionarios de la UE que se convirtieron en cabilderos empresariales.

Mencionan el caso de Jim Currie, quien de director general de Medio Ambiente en la Comisión Europea pasó a trabajar como consultor senior de la firma de lobby Burson Marsteller, entre cuyos clientes están compañías como Bayer, ExxonMobil, Pfizer o BASF, así como asociaciones industriales como el Consejo Europeo de la Industria Química, el órgano de cabildeo de ese poderoso sector económico.

Currie fue también director de Total Holdings y director no ejecutivo del banco Royal Bank of Scotland (RBS) en la época de su colapso y rescate, gracias a un préstamo de 46 mil millones de libras.

Otros miembros de Friends of the European Commission son Hervé Jouanjean, que se transformó en empleado de la firma de abogados Fidal International luego de ser director general de presupuesto de la Comisión Europea, y Nancy Kontou, la antigua jefa de gabinete del excomisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, que montó su propia firma de relaciones públicas y lobby en Bruselas, Kontou Associates.

El informe de las ONG europeas, titulado La cruzada contra el “burocratismo”, también se refiere al caso del antiguo director general de Empresa de la Comisión Europea, Jean Paul Mingasson, ahora consultor de BusinessEurope, la más grande organización de lobby de los empresarios europeos en Bruselas, además de otros miembros que de ser funcionarios trabajan actualmente con Airbus y Alstom o con Avisa Partners, cuyos clientes van de fabricantes de armas a calificadoras financieras.

De acuerdo con el informe –que cita información divulgada por medios especializados como el portal de Internet Euractiv o incluso los rotativos Financial Times o Irish Examiner–, la propuesta de Friends of the European Commission tuvo desde julio una respuesta “positiva” de quien aparecía como “jefe de personal” de Juncker, Martin Selmayr, así como de los consejeros del primer ministro británico David Cameron y de la canciller alemana Angela Merkel.

Pero ese tipo de estructura con subgrupos temáticos y un vicepresidente líder también la propusieron algunos think tanks de la órbita comunitaria ligados a la industria, precisa el informe. Es el caso de Notre Europe-Jacques Delors Institute, que recibe fondos de empresas como la compañía francesa de gas y electricidad GDF Suez, la aseguradora también gala Macif o la mayor fundación bancaria italiana Compagnia di San Paolo; el European Policy Centre, en parte financiado por la petrolera BP, Johnson&Johnson y la suiza Nestle, así como la Fundación Robert Schuman, afiliada al Partido Popular Europeo.

Puesto sin precedente

Para las organizaciones que elaboraron el informe, la estructura que puso en marcha Juncker instala “más mecanismos para filtrar las propuestas que no sirvan a la competitividad o a una mejor regulación” desde su punto de vista, y por lo que estiman que tal reorganización “es un respaldo para los grandes negocios, pero una profunda preocupación para la democracia”.

Y explican la razón: “Es previsible que esta estructura mucho más jerárquica será también mucho más difícil de acceder para las organizaciones de la sociedad civil”.

La primera de las 10 prioridades que se impuso Juncker es la de dar “un nuevo impulso al empleo, el crecimiento y la inversión”, que, para las ONG, pone un “considerable énfasis” en recortar lo que él ve como “burocratismo” y deshacerse de molestas regulaciones a los negocios.

Acusan que Juncker ya asumió un discurso “populista”, pero “injustificado”, de que en la UE “no debemos sofocar la innovación y la competitividad con demasiada normatividad y demasiadas regulaciones tan detalladas”, tal como lo indicó en su programa de “guías políticas” divulgado el 15 de julio.

El informe pone un ejemplo ilustrativo del peligro que representa la visión de Juncker a este respecto. En un discurso el 16 de abril en Helsinki, Finlandia, titulado Nuevo crecimiento sin deuda: mis prioridades como presidente de la Comisión Europea, Juncker dijo:

“Podemos garantizar que la UE deje de regular la intensidad de la energía de las duchas o de las cafeteras. Pero, para ser honesto, entonces tendríamos que suprimir la Directiva de Eco Diseño de la UE, que tuvo el apoyo de la mayoría de los Estados miembros y del Parlamento Europeo”.

Continuó: “Como presidente de la Comisión Europea, yo…veré si Europa está lista para abolir esto (la directiva)… no obstante nuestro compromiso común con un medio ambiente saludable y nuestra lucha contra el cambio climático”.

El informe analiza: “En esta remarcable declaración, Juncker parece insinuar que la desregulación es un fin en sí mismo y que está por encima de la necesidad de enfrentar el cambio climático o garantizar la seguridad energética, o incluso de la decisión democrática de las políticas”.

Otra de las quejas preferidas de Juncker apunta a que la UE ya no puede estar regulando los volúmenes de las cargas de agua de los excusados. Los organismos medioambientales han reaccionado de inmediato, recordándole que los ahorros anuales de todos los dispositivos cubiertos por la Directiva de Eco Diseño representarán en 2020 el equivalente a 12% del consumo de electricidad de la UE en 2009.

Sin embargo, el informe alerta sobre el peligro del puesto de Timmermans, que no tiene precedente. En una carta de misión que le dirigió Juncker en septiembre, le pidió eliminar las cargas administrativas innecesarias y conducir el Programa de Adecuación y Eficacia de la Regulación que impulsó el anterior presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso.

Timmermans debe también informar dentro de un año la manera en que se puede fortalecer ese proceso de desregulación.

La prensa europea, recuerda el informe, considera que Timmermans fue designado en el puesto para satisfacer a David Cameron, quien ha exigido a Bruselas que recorte su regulación de modo tal que pueda ayudarle a persuadir a los ciudadanos británicos de no votar a favor de dejar la UE en el referendo que puede celebrarse en Reino Unido sobre el tema.

El informe ofrece un dato fundamental: Timmermans fue un actor importante cuando el gobierno holandés realizó una revisión del principio de subsidiaridad, respecto a la UE (ésta sólo interviene cuando puede aportar un valor añadido a la jurisdicción de los Estados miembros). En esa revisión, Holanda identificó 54 áreas de legislación común de las que quería retirarse o que pretendía congelar, y propuso que la Comisión Europea detallara los costos de la implementación de sus leyes y usara más evaluaciones de impacto de las mismas.

Peor aún: tal revisión que promovió Timmermans desde el gobierno holandés recomendó que la Directiva Marco sobre la Protección del Suelo fuera desechada, que la Directiva sobre Baja de Maternidad fuera igualmente abandonada, que las propuestas obligatorias sobre eficiencia energética se evitaran y que la legislación sobre salud, seguridad y protección fueran reemplazadas por una más amplia de auto-regulación.

Esas recomendaciones holandesas fueron elaboradas tras consultas con empresas como la petrolera Shell, el banco ING o el fabricante de químicos Dow Chemical Company, concluye el informe.

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