Europa: en riesgo el principio de neutralidad en internet

Un cibernauta navega en Internet. Foto de Eduardo Miranda

BRUSELAS (apro).- Organizaciones que defienden el llamado principio de la neutralidad en Internet –el cual garantiza que gobiernos y compañías proveedoras del servicio den el mismo tratamiento a todos los flujos de datos sin discriminar la fuente, el destinatario, la plataforma de uso, el tipo de equipo o el contenido de la información– alertan sobre el intento en la Unión Europea (UE) de legalizar el incumplimiento de tal práctica.

[pullquote align=”right”]Artículo publicado el 3 de enero de 2014 en la sección Prisma Internacional de la Agencia PROCESO[/pullquote]

Ese riesgo existe si un comité del Parlamento Europeo adopta el próximo 27 de febrero un polémico texto de regulación para el mercado de las telecomunicaciones que propuso el pasado 11 de septiembre la comisaria Neelie Kroes a nombre de la Comisión Europea.

Pese a que su artículo 23.5 estipula que “los proveedores de los servicios de acceso a Internet no deben restringir las libertades (de comunicación) con el bloqueo, la desaceleración, la degradación o la discriminación de contenidos, aplicaciones o servicios específicos”, la propuesta de la Comisión Europea también autoriza el suministro de “servicios especializados (…) con una mejor calidad de servicio” (facilidades conocidas como Servicio de Calidad Garantizada).

En un análisis fechado el pasado 5 de diciembre, La Quadrature du Net –una asociación francesa sin fines de lucro que protege los derechos y libertades de los ciudadanos en la red–, explica que los ‘servicios prioritarios’ son aceptables en redes privadas siempre y cuando no interfieran con la competencia entre los servicios de Internet ya existentes.

El peligro de la propuesta de la comisaria Kroes, advierte, radica en que “se reutiliza ese concepto para ahora extenderlo en toda la red”.

En consecuencia, la Comisión Europea entregaría el control de tal forma de discriminación a las empresas proveedoras de acceso a Internet y a las grandes compañías de contenidos (como Google o Facebook), asegura la ONG, ya que, de acuerdo con el referido artículo 23.2, éstas serán autorizadas a “contraer acuerdos entre ellas para transmitir volúmenes de datos relacionados (…) con una definida calidad de servicio o capacidad”.

Afirma que esa diferenciación de servicios afectaría comunicaciones, usuarios y compañías, pues se verían subordinadas a los acuerdos comerciales entre actores dominantes de la economía digital, y ello “dañaría severamente la libertad de comunicación en Internet”, que se basa en el flujo de datos ‘de extremidad a extremidad’, o sin interferencias de gestión en su trayecto.

Además, la organización subraya que, en la práctica, las empresas más pequeñas serían marginadas si no cuentan con los recursos para comprar los servicios de alto nivel de las trasnacionales de Internet.

Críticas internas

Existe una “amplia oposición al proyecto de Kroes al interior de la propia Comisión Europea”, sostiene European Digital Rights (EDRi), una coalición de 35 organizaciones originarias de 21 países de la UE que divulgó un documento interno de aquella institución, filtrado en julio de 2013.

En ese documento de consulta –al que tuvo acceso Apro–, la Dirección General de Justicia y Derechos Fundamentales emitió una “opinión negativa” a la propuesta de Kroes (cuyo título oficial es Propuesta para una regulación que establece medidas para concluir el mercado único europeo de telecomunicaciones electrónicas y para lograr un continente conectado).

Ese departamento de la Comisión Europea –al igual que el de Empresa e Industria– criticó que la propuesta diera “derecho a los proveedores de contenidos a negociar con aquellos que ofrecen el acceso a Internet un tratamiento prioritario de sus propios contenidos en Internet”, lo que, cuestionó, tendría efectos discriminatorios y anticompetitivos, ya que redundarían en una reducción en la oferta de contenidos para los cibernautas.

La Dirección General de Justicia y Derechos Fundamentales concluyó que esas limitaciones al acceso de contenidos y servicios en Internet tendrían un “impacto negativo” sobre el artículo 11 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, relativo a la libertad de expresión y de información de los consumidores, lo mismo que sobre su artículo 38, que consagra un alto nivel de protección de los consumidores en las políticas de la UE.

A ese respecto, Internet se ha convertido, “cada vez más, por su naturaleza abierta, en un importante facilitador de los derechos humanos, especialmente de la libertad de expresión, pero también de la libertad de prensa, del acceso a la información y la libertad de asociación”, proclama la eurodiputada holandesa Marietje Schaake en el primer reporte de la Dynamic Coalition on Network Neutrality, cuya copia posee Apro.

Tal coalición la integra un grupo de expertos internacionales –entre ellos el mexicano Alejandro Pisanty, director general de Servicios de Cómputo Académico de la UNAM– que abogan por esa causa. Su creación fue aprobada en julio pasado por el Foro de Gobernanza de Internet de la Organización de las Naciones Unidas (IGF, por sus siglas en inglés).

Holanda se convirtió en 2012 en uno de los primeros países –junto con Chile– en adoptar una legislación que protege el carácter neutral de la web, la cual promovió el partido D66 en que milita Schaake. Así, a través de varias disposiciones, los internautas de ese país europeo quedaron protegidos frente a posibles desconexiones y el control del contenido del tráfico –salvo por razones de congestión de la red o de seguridad, y sólo en interés del usuario– por parte de los proveedores de los servicios de acceso a la red.

Eso ocurrió tras conocerse que KPN, la mayor compañía de telecomunicaciones del país –y cuyo 30% de las acciones posee el empresario Carlos Slim–, restringía los servicios de uso de voz por Internet (como los que ofrecen Skype o WhatsApp) y los mensajes de texto que competían directamente con sus propios servicios. Lo anterior implicaba un procedimiento de inspección de los paquetes de datos que envían sus usuarios, lo que significa una violación a su privacidad. KPN incluso tenía planes de presentar precios diferenciados a los clientes que utilizaran servicios de la competencia.

La eurodiputada estima “esencial que los mayores jugadores del mercado no puedan abusar de su poder y que el interés público no se haga a un lado”, pues, advierte, “cuando los hospitales, bibliotecas y universidades no puedan afrontar el pago para disponer de velocidades más altas de Internet correrán el riesgo de quedar al margen”, señala Schaake en el mencionado reporte difundido el pasado 25 de octubre y titulado El valor de la neutralidad en la red para el futuro de Internet.

El poder del cabildeo

En esta atmósfera de críticas contra la propuesta de la Comisión Europea, el pasado 9 de diciembre fue presentado el borrador de reporte del Parlamento Europeo, el cual incluye las mismas provisiones contra la neutralidad de Internet. Ello a pesar de que el texto –elaborado por la eurodiputada española Pilar del Castillo Vera, miembro del Grupo del Partido Popular Europeo– reconoce que “la calidad general del acceso a Internet” podría resultar legalmente perjudicada sobre la base de “la tecnología desplegada para asegurar el envío de un servicio de calidad mejorado”.

La presentación y discusión en torno a tal borrador –que será votado por el Comité de Industria el próximo 27 de febrero–, no fue transmitido por Internet (como suele suceder en las sesiones realizadas en el Parlamento Europeo de Bruselas) por falta de equipo en la sede de Estrasburgo, Francia, donde se realizó.

“Neelie Kroes y el texto de la ponente del Parlamento Europeo están intentando legitimar las disposiciones de priorización en beneficio de las compañías dominantes de Internet a través de un escandaloso giro del concepto de ‘servicios especializados’”, acusó Félix Tréguer, cofundador de La Quadratura du Net, en un comunicado del 5 de diciembre.

Al principio de su mandato, en 2010, Kroes había definido una agenda a favor de la protección de la neutralidad en Internet, y en varios discursos rechazó las prácticas comerciales contra ese principio, observan varias ONG europeas, las cuales atribuyen el cambio de posición de la comisaria a la influencia de las gigantes del sector a través del proyecto ETICS.

Economics and Technologies for Inter-Carrier Services (ETICS) fue un consorcio para el análisis del sector formado en 2010 por varios centros de investigación y las operadoras dominantes de las telecomunicaciones en Europa, como BT (Reino Unido), Deutsche Telekom (Alemania), Telefónica (España), Orange (Francia) o Telenor (Noruega), lideradas por la compañía francesa de equipos electrónicos Alcatel-Lucent.

El proyecto ETICS –que recibió un subsidio de 8 millones de euros por parte del programa Future Networks de la UE– finalizó en junio de 2013 concluyendo que las actuales reglas de gestión y financiamiento de la red habían alcanzado sus límites y que la priorización del tráfico era la única manera para que ellas invirtieran en redes más rápidas.

Kroes lanzó en 2011 una serie de consultas con los altos ejecutivos de las empresas de telecomunicaciones con la intención de promover las inversiones en redes de banda ancha de mayor velocidad. Desde entonces, remarcan las ONG, la comisaria apoyó los intereses de esas empresas. En septiembre de 2012, la Asociación Europea de Operadores de Redes de Telecomunicaciones (ETNO) –la plataforma de cabildeo del sector con sede en Bruselas– propuso enmiendas al tratado de la Unión Internacional de Telecomunicaciones para poder implantar a nivel mundial “calidad de servicio diferenciada”, ante lo cual Kroes guardó silencio.

El 17 de enero de 2013, poco después de que las enmiendas de ETNO fueron rechazadas, Kroes escribió una columna de opinión en el periódico galo Libération en donde defendió al sector, afirmando que “el interés público no está en oposición con los consumidores que se suscriben a ofertas de Internet limitadas, más diferenciadas, posiblemente más baratas”.

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