El alemán Tobias Pflüger fue diputado del Grupo de Izquierda Unitaria/ Verdes Nórdicos del Parlamento Europeo, donde formó parte de la Comisión de Asuntos Exteriores, de la Subcomisión de Seguridad y Defensa, y de la Delegación para las Relaciones con la Asamblea Parlamentaria de la OTAN. El 25 de diciembre de 2005, tras una visita política a México, el entonces eurodiputado escribió el siguiente texto publicado por la Agencia Proceso.

Por acuerdo de mi partido político en el Parlamento Europeo, en marzo de este año recorrí los Estados mexicanos de Guerrero, Chiapas y Oaxaca. Durante mi viaje tuve la ocasión de entrevistarme con varias organizaciones no gubernamentales, que me informaron sobre la situación de los derechos humanos en el país.

Durante mi visita a México pude constatar que el “gobierno del cambio” que prometió el presidente Vicente Fox se quedó en una ilusión. Pero también constaté que se espera mucho de la Unión Europea, lo que me dio la oportunidad de informar a mis interlocutores sobre su verdadera política exterior.

El papel de la Unión Europea se expresa muy claramente en su brutalidad económica y militar, aunque muchas veces se esconda tras la sombra de Estados Unidos para presentarse como un imperio bondadoso.

No se debe olvidar que la Unión Europea es un actor de peso, por lo que sus decisiones en el escenario internacional tienen un fuerte impacto sobre el desarrollo mundial, al mismo nivel que las decisiones asumidas por Estados Unidos o por las instituciones internacionales.

Solo así se puede entender la esencia de las relaciones con México. El artículo primero del Acuerdo Global entre la Unión Europea y México expresa que “el respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos fundamentales, tal como se enuncian en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, inspira las políticas internas e internacionales de las Partes y constituye un elemento esencial del presente Acuerdo”.

En este marco, los gobiernos de México y los de cada uno de los 25 países de la UE tienen la obligación de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos en su universalidad y, en particular, en el contexto de la implementación del Acuerdo Global. Sin embargo, tres ejemplos nos pueden ayudar a entender que, en la realidad, los derechos humanos son un tema secundario para la UE.

El primero: la reciente comunicación de la Comisión Europea al Consejo de Ministros y al Parlamento Europeo, presentada el pasado 8 de diciembre y titulada “Una asociación reforzada entre la Unión Europea y América Latina”.

En este documento no se hace casi ninguna referencia a los derechos humanos. Los retos de una “asociación estratégica birregional”, señalada por la Comisión, son más bien “estimular los intercambios económicos y comerciales”, ya que “el potencial de crecimiento de los intercambios no se ha aprovechado lo suficiente”.

En este sentido, un tema preocupante en los últimos años ha sido la presión europea para que el gobierno de México entregue sus ofertas de apertura de al menos 14 sectores de servicios que en Europa se consideran “sensibles”. La UE insiste en que México abra los servicios de electricidad, educación, agua y 11 sectores más.

A 20 años de la implementación del libre comercio y la desregulación de los mercados en América Latina sabemos que esto no significa un aumento de la prosperidad para la población en general. Al contrario, según un reciente reporte del Banco Mundial hay más pobreza y desigualdad en el continente que hace diez años.

El segundo ejemplo: el Proyecto de Desarrollo Social Integrado y Sustentable (Prodesis), que se realiza en los Montes Azules, Chiapas, y que se supone mejorará la vida de miles de familias campesinas.

El 27 de enero de 2004, la Unión Europea y el gobierno de Chiapas firmaron el arranque del proyecto, que debe ser llevado a cabo hasta 2007. La Unión Europea aportó 15 millones de euros; su contraparte mexicana 16 millones de euros.

No obstante la dimensión del proyecto, el programa operativo global (POG) no hace una sola mención al conflicto armado existente en la región. La descripción del proyecto es bastante teórica y deja de lado la conflictiva y crítica realidad social, así como la alta militarización estatal.

Como los intereses de cada uno de los actores locales no fueron tomados en cuenta antes de la realización del proyecto, éste puede terminar coadyuvando a la ya de por sí fuerte desigualdad social que hay en la región.

Es evidente que hay una falta generalizada de información transparente, actual, precisa y accesible sobre el proyecto y sobre el papel que han de jugar las organizaciones, reconocidas en éste como “actores”.

Por la forma en que se ha desarrollado, el proyecto supone una violación del artículo 7 del Convenio 169 de la OIT en el que se exige “… se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos”, considerando los resultados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades previstas.

El último ejemplo: la inclinación hacia los temas comerciales de la Delegación para México del Parlamento Europeo.

Al regresar de México participé como observador en algunas de las reuniones. Personalmente relaté mis experiencias a su presidenta, la socialista alemana Erika Mann, quien me prometió poner el asunto de los derechos humanos en la agenda de la delegación. Ello no sucedió, porque lo único que le interesa a la delegación es el tratado de libre comercio con México.

Aunque existen numerosas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, no veo ningún interés de esta delegación para reconocerlas.

La política exterior europea no debe seguir siendo una herramienta de la política económica neoliberal, porque eso permitirá que se continúen infringiendo los derechos humanos.

De modo global, la UE debe plantearse un nuevo enfoque, más social, que por un lado le permita alzar la voz más decisivamente contra las violaciones a los derechos humanos en los países con los que sostenga relaciones comerciales muy estrechas, y que, por otro modifique de alguna forma su actual política exterior al servicio de los intereses económicos.