Orbán ahorca a la prensa independiente

Viktor Orbán. Foto: EPP/Flickr

El gobierno húngaro no soporta que haya medios independientes que no se cuadren a sus dictados. Por eso el primer ministro, el derechista Viktor Orbán, hizo aprobar una ley que castiga con cárcel a los periodistas que difundan información distinta a la gubernamental, especialmente cuando las noticias tengan que ver con los estragos reales que está causando el coronavirus.

BRUSELAS.- “Esta nueva enmienda mete presión al trabajo de los medios críticos, los obliga a la autocensura”, explica en entrevista Balazs Nagy, periodista húngaro y presidente del Consejo de Supervisión del Centro Europeo para la Libertad de Prensa y Expresión.

Continúa: “Ahora los periodistas críticos tendrán que verificar mucho más la información, y si de algo no están seguros y normalmente lo hubieran publicado, ahora lo pensarán varias veces. Esta ley, más que representar para el periodista un peligro directo a ser llevado ante los tribunales, tiene un `efecto enfriamiento´ sobre el periodismo independiente”. 

En entrevista con Proceso, Nagy se refiere a una reciente disposición que en Hungría sanciona hasta con cinco años de prisión a la persona que “sostenga o difunda” ante “el gran público” informaciones “falsas o verdades distorsionadas” “que obstruyan o eviten la protección eficaz de la población” contra el coronavirus.

En plena crisis de salud pública, tal disposición es un golpe más del régimen de Viktor Orbán contra la prensa independiente. Forma parte de una nueva ley que, además, otorgó poderes especiales al primer ministro por tiempo indefinido y fue aprobada el 30 de marzo por el Parlamento, donde el partido de gobierno tiene amplia mayoría.

Orbán está bajo observación permanente de los organismos europeos de derechos humanos desde que hace una década llegó al poder y comenzó a eliminar sus contrapesos institucionales y a implementar reformas ultraconservadoras, consideradas antidemocráticas a la luz de los tratados de la Unión Europea (UE), a la que ingresó Hungría el 1 de mayo de 2004.

Apenas fue investido, el primer ministro realizó una “limpia” en los medios estatales para colocar en los puestos importantes a personajes afines al régimen y cortó de tajó la publicidad oficial a sus enemigos mediáticos. 

Una de sus primeras iniciativas fue instaurar la llamada Ley de Medios, que castiga con fuertes multas —y sin pasar necesariamente por los tribunales— a las radios, publicaciones, medios digitales o televisoras que divulguen noticias que afecten “el interés y el orden público o la moral”, y se creó un consejo de vigilancia compuesto por miembros fieles al gobierno.

Nagy, quien en esa época era editor de información internacional de la televisión pública, fue despedido injustificadamente (por haber asistido a una protesta contra Orbán). Demandó al Estado, hizo una huelga de hambre y efectuó un largo plantón frente a la televisora a las afueras de Budapest. En 2018 un tribunal falló definitivamente a su favor. 

Orbán no ha cesado su hostigamiento contra los medios que escapan a su control. Apenas a finales de 2018 el Parlamento Europeo emitió una resolución en la que manifiesta su preocupación por la deplorable situación en Hungría de la libertad de expresión y del periodismo crítico.

Campaña mediática

Como ya lo habían hecho otros líderes y organismos internacionales, la presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, insistió el pasado domingo 12 que estaba siguiendo el caso de Hungría y advirtió que abrirá un procedimiento sancionador si las restricciones adoptadas contra la prensa crítica son “excesivas” y no “temporales”. 

Quienes aseguran que ya es hora de que la UE condicione la entrega de fondos al gobierno de Orbán son las ONG de derechos humanos, cuyo trabajo el gobierno también ha obstaculizado, llegando incluso a ordenar —a finales del año pasado– a la agencia de noticias estatal MTVA no difundir declaraciones de instituciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch. 

La ONG húngara Comité Helsinki subrayó en un comunicado que el actual estado de emergencia epidemiológico no puede ser excusa para que el gobierno extinga o suplante libertades fundamentales, como la de expresión, o que se extienda indefinidamente.

La nueva enmienda contra las publicaciones “falsas o distorsionadas” llega en una atmósfera de señalamientos y reproches de la prensa independiente a la gestión gubernamental de la epidemia, que hasta este miércoles 22 registraba en Hungría 2,168 casos confirmados de contagio y 225 fallecimientos.

Mientras que los grandes grupos mediáticos prefirieron alinear con la política del gobierno de minimizar el tema, las publicaciones independientes mantuvieron informadas a sus audiencias sobre la evolución de la crisis sanitaria primero en China y luego en Italia. 

Se les acusó de alarmistas en las páginas de la prensa amiga de Orbán. András Bencsik, editor en jefe del semanario Demokrata —al que el primer ministro recomienda a sus simpatizantes suscribirse—, escribió el 6 de marzo que las advertencias sobre una “horrible pandemia” eran “pura propaganda” pues no existía, afirmó, “la mínima señal de ella”. 

La epidemia alcanzó a Hungría y Orbán tuvo que proclamar el estado de alerta el 11 de marzo. Pero la cobertura de la prensa oficialista continuó subordinada a la agenda gubernamental, que ligó el brote a un grupo de jóvenes iraníes que estaban estudiando en el país.

Prueba de la atención que se quería dar al caso desde el poder fue el mensaje que subió el 5 de marzo Orbán a su página de Facebook, informando que dos estudiantes iraníes de medicina habían visitado a sus familiares en Irán, país fuertemente afectado por el Covid-19, y habían dado positivo a la enfermedad a su regreso. “A partir de hoy, hemos pasado a la etapa de defensa”, declaró en lenguaje militarista el primer ministro, conocido por sus posiciones xenófobas y antiinmigrantes.

Los medios progubernamentales hicieron eco al jefe de gobierno y se enfocaron en las historias de varios estudiantes iraníes, no todos enfermos de coronavirus, que fueron puestos en cuarentena y luego expulsados del país por no respetarla, así como en la tensión diplomática que se creó con Teherán, que consideró abusivas e injustificadas tales acciones.

Fue la prensa no controlada por el Estado la que reveló que, antes del caso de los iraníes, un joven húngaro había ido al hospital porque se sentía mal y no quisieron hacerle el examen del coronavirus. Poco después fue su padre el primer caso oficial de contagio de un ciudadano húngaro.  

“Señal de alerta”

Nagy estima que hasta 90% del mercado mediático del país está bajo control del gobierno o de empresarios leales al poder. 

El régimen de Orbán ha estado bajo el escrutinio de una reducida prensa no alineada y conformada principalmente por portales de internet con recursos modestos. Son estos periodistas quienes han cuestionado la escasa aplicación de pruebas de contagio, la ineficacia de los protocolos de seguimiento de casos y la falta de tapabocas y material básico de protección para el personal médico.

El 15 de marzo, durante una de las ruedas de prensa para actualizar la situación de crisis, un periodista del sitio 444 preguntó al portavoz del gobierno, Zoltán Kovács, por qué el ministro del interior había sido sometido a la prueba de coronavirus y no se había hecho lo mismo con los médicos y enfermeras que se ocupaban de los pacientes contagiados.

De manera agresiva el portavoz acusó a varios medios independientes que “querer intentar ser más inteligentes que los expertos” y no respondió. Se vino una campaña de ataques de la prensa al servicio del régimen contra los diarios en internet Index, 24 y el mencionado 444, condenándolos por diseminar supuestas “noticias falsas” y ser “colaboradores del coronavirus” contra el interés “de la nación y de la economía húngara”.

Un investigador invitado el 20 de marzo a un programa de la televisora progubernamental HírTV, llegó a pedir que se arrestara a los periodistas críticos “durante esta crisis”.

En ese clima de hostigamiento contra el periodismo no oficial, la nueva enmienda somete “todo lo que pueda ser escrito o difundido por los medios a la camisa de fuerza de la estrategia de comunicación del gobierno, que sirve de pauta para determinar lo que puede escribirse libremente y lo que merece una pena de prisión”, escribió Ágnes Urbán en el periódico Atlatszo, un medio que no recibe financiamiento partidista.

Explicó que como la estrategia de comunicación del gobierno consiste en ocultar el alcance real de la epidemia en Hungría porque eso le reditúa políticamente, “los periodistas no serán libres de informar sobre la verdadera situación aunque varias fuentes independientes la confirmen y cuando hayan verificado de manera fiable la información que desean difundir”.

Cualquier información publicada, agregó Urbán, podría ser acusada de presentar cifras fuera de contexto o de distorsionar los hechos, “e incluso si los tribunales terminan absolviendo a los periodistas tras meses o años de prolongadas disputas jurídicas, esta norma será sin embargo muy eficaz para frenar la voluntad de los periodistas y los propietarios de los medios de comunicación de arriesgarse a investigar o publicar historias”.

Nagy opina que el gobierno “no necesita sobrepasarse” y “meterse en los líos” internacionales que seguramente se suscitarán si algún periodista es llevado con esta ley ante la justicia.

“Pero conocemos la manera de ejercer el poder de Orbán desde hace 10 años y sabemos que es capaz de cometer abusos”, reconoce el periodista, quien concluye: “debemos tener cuidado con esa ley de duración indefinida; es una señal de alerta”.

*Este reportaje fue publicado en la edición 2269 de le revista PROCESO (26 de abril de 2020).