La participación de la sociedad civil en las relaciones entre México y la Unión Europea se redujo a un “mecanismo consultivo” sin validez jurídica, toda vez que éste no se incorporó al acuerdo global que México y Bruselas firmaron en 1997, afirma el experto Luis Antonio Huacuja. El próximo gobierno federal, dice, no está obligado a tomar en cuenta las recomendaciones que las ONG mexicanas y europeas puedan hacer en torno al acuerdo bilateral e incluso puede desconocer la existencia misma de ese mecanismo consultivo.

(Artículo publicado en la edición del 28 de octubre de 2012 de la revista PROCESO)

(LEER POSTERIORMENTE LA CARTA DE PARTICPANTES DE V FORO Y LA RESPUESTA DEL REPORTERO; ENSEGUIDA, EL ARTÍCULO «UN MECANISMO MEXICANO ‘SIN VALIDEZ JURÍDICA'», UNA ENTREVISTA A JOSÉ MARÍA ZUFIAUR, DEL CESE)

BRUSELAS.- Tras 10 años de negociaciones –y a unas cuantas semanas de que termine la administración de Felipe Calderón– la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que instalará un cuerpo colegiado de representantes de la sociedad civil mexicana, llamado oficialmente Mecanismo Consultivo, que podrá plantearle al gobierno recomendaciones en su relación con la Unión Europea (UE).

Presentado en el V Foro de Diálogo entre la Sociedad Civil y las Autoridades de México y la UE –el jueves 25 y el viernes 26 en esta capital– el citado mecanismo carece de validez jurídica, ya que no está incorporado al contenido del acuerdo global entre México y la UE, como lo proponían las organizaciones no gubernamentales. En consecuencia el gobierno de Enrique Peña Nieto no estará obligado legalmente a mantenerlo.

“Es pura vacilada ese mecanismo”, expone el profesor Luis Antonio Huacuja, director del Programa de Estudios Superiores sobre la Unión Europea de la UNAM.

Agrega: “Lo que quería el gobierno de Calderón era llegar con algo a este foro para poder decir luego que cumplió con la sociedad civil y presumir el mecanismo como un logro de su administración”.

Huacuja explica que el artículo 49 del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación (Acuerdo Global) entre México y la UE –firmado en 1997 y que entró en vigor en 2000– estipula que el Consejo Conjunto –el máximo órgano de decisión de las autoridades de ambas partes del acuerdo– puede crear comités especiales que ayuden en la realización de sus tareas.

“Estos comités especiales, que integran funcionarios, ya existen en la relación bilateral. Los hay en temas aduaneros o de compras públicas y están reconocidos jurídicamente y financiados por las autoridades de la UE y México, porque forman parte del cuerpo del acuerdo. A eso debemos aspirar: A un comité especial donde se canalicen las sugerencias de la sociedad civil”, explica Huacuja.

Aun así, el director general de Vinculación con Organizaciones Sociales de la SRE, Miguel Díaz Reynoso, ensalzó el mecanismo y hasta lo calificó de “histórico” durante la sesión de apertura de los trabajos del foro.

Cuestionado por el corresponsal acerca de la validez jurídica del mecanismo, Díaz respondió: “Pues ahí está en las noticias, ahí está en la tele, lo subimos a la página de internet de la secretaría”.

–¿Pero cuál es su marco jurídico? –se le insistió.

–En el acto de inauguración del foro hice que se pusieran de pie las personas que iban a formar el mecanismo para que vean que existe. Esos son nuestros usos y costumbres.

Hasta la noche del jueves 25 la página en internet de la SRE no disponía de una versión final del documento de instalación del mecanismo consultivo y sólo ofrecía un borrador lleno de párrafos y enunciados por corregir.

Improvisación

Norma Castañeda y Laura Becerra, integrantes de la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo (ALOP) y de DECA-Equipo Pueblo, respectivamente, estiman que la instalación del mecanismo es resultado de la lucha de las organizaciones de la sociedad civil mexicana ante la resistencia gubernamental a su participación en el acuerdo con la UE.

Mencionaron que todavía falta discutir con el actual o el próximo gobierno de Peña Nieto la agenda, estructura y reglamento del mecanismo.

No obstante Huacuja teme que suceda lo mismo que con la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo del gobierno mexicano, que fue decretada en abril de 2011 y aún no está vigente. “Si esa ley, que es prioritaria, pende todavía de un hilo, hay que imaginarse lo que le espera a este mecanismo”, comenta.

Eso no es todo: El gobierno calderonista no actuó con transparencia durante el proceso. A partir de enero de 2010 –acusa Huacuja– la cancillería dejó de convocar a reuniones abiertas con los representantes de la sociedad civil mexicana. “Díaz Reynoso sostuvo pláticas específicamente con el grupo del proyecto, sin la convocatoria pública que era obligatoria”, expone.

Desde marzo pasado la SRE disponía del documento de proyecto del mecanismo. “Pero no hizo nada. A Díaz no le importó informarnos. Después nos dijo que no pudo hacerlo porque se lo prohibía la supuesta veda electoral, lo cual fue falso porque la convocatoria para el servicio exterior mexicano tuvo lugar en junio, durante ese periodo”.

La selección de los representantes del mecanismo fue exprés. Una noche antes del comienzo del foro se definieron los del sector académico, por ejemplo, aunque lo hicieron bajo protesta por la falta de un procedimiento abierto y democrático.

El cuerpo colegiado que establece el mecanismo está compuesto por 15 miembros de organizaciones que representan a cinco sectores, incluidas algunas vinculadas con el antiguo régimen priista.

Hubo representantes de ONG, del sector campesino, del sector sindical, del académico y del empresarial.

Cerrazón europea

Desde el primer foro, en noviembre de 2002 en Bruselas, las organizaciones de la sociedad civil de México y Europa propusieron la instauración de un Comité Consultivo Mixto con reconocimiento institucional y cuyas observaciones tuvieran carácter vinculante en la toma de decisiones del referido Consejo Conjunto del acuerdo bilateral.

Según los tratados de la UE, su sociedad civil está representada por el Comité Económico y Social Europeo (CESE) fundado en 1957 e integrado por 344 miembros de los 27 países de la UE en tres sectores: empresarial, sindical y el de “intereses varios” (desde asociaciones de consumidores o de ingenieros, hasta federaciones de estudiantes o grupos contra el cáncer).

Sin embargo en el CESE dominan las agrupaciones de agricultores y están ausentes las de derechos humanos.

En el IV foro –en la Ciudad de México en octubre de 2010– el CESE impuso su representación exclusiva del lado europeo. Las ONG europeas que habían impulsado activamente el Comité Consultivo Mixto –que no pertenecían al CESE– decidieron no asistir.

La Iniciativa de Copenhague para México y América Central (CIFCA) fue la plataforma de las ONG europeas más activa y crítica desde el foro de 2002. Su actual secretaria ejecutiva, la sueca Susanna Daag, admite que “no han obtenido resultados positivos” y advierte que continuarán participando en los foros “pero ya no como actores protagónicos”.

El pasado 21 de marzo tuvo lugar una reunión del Comité de Seguimiento para Latinoamérica del CESE, al cual asistió María Gotsi, funcionaria de la unidad para México del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).

De acuerdo con las minutas de ese encuentro –a las que accedió este corresponsal– Gotsi explicó al comité que en el IV foro se había propuesto el establecimiento de un “mecanismo transicional” de participación de la sociedad civil. Confirmó que la disposición de ese mecanismo lo permiten los artículos 45 y 49 del Acuerdo Global entre México y la UE.

A través de ese mecanismo, señaló, se crearía un “grupo mixto” formado por representantes de la sociedad civil mexicana y del CESE por el lado europeo. Sin embargo, según la propuesta, el CESE tendría que ceder la mitad de los representantes de su tercer sector (“intereses varios”) a las ONG europeas como la CIFCA.

Gotsi subrayó que el SEAE respaldaba ese sistema, que podría servir, dijo, “como un paso informal hacia la conformación de un Comité Consultivo Mixto con la sociedad civil en el contexto del acuerdo México-UE”, como lo exigían las ONG de ambas partes en un principio.

Pero los integrantes del comité rechazaron incluir a las ONG europeas en el mecanismo porque, argumentaron, ello “socavaría la representatividad” del CESE y en especial la de su tercer sector.

Además consideraron que no era necesario, ya que, recalcaron a Gotsi, las organizaciones mexicanas ya habían decidido apoyar la instalación de un mecanismo propio que quedaría jurídicamente “fuera del marco del acuerdo” bilateral y cuyo interlocutor europeo sería el CESE sin el componente de las ONG europeas.

No obstante, al término de la primera jornada del V foro, José María Zufiaur, miembro del CESE, advirtió que su organización aún tendría que analizar si aceptaba o no como interlocutor mexicano al recién anunciado Mecanismo Consultivo.

Argumentó que habían sido informados de su existencia a último momento: el jueves 18 y por medio de un tercero.

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(PUBLICADO EN LA SECCIÓN PALABRA DE LECTOR DE LA EDICIÓN DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2012 DE LA REVISTA PROCESO)

ACERCA DE UN MECANISMO «DE VACILADA»

De participantes en el V Foro

Señor director,

En relación a la nota aparecida en Proceso 1878, del 28 de octubre, titulada Un mecanismo “de  vacilada”, firmada por el reportero Marco Appel, nos permitimos hacer algunas consideraciones y precisiones sobre lo ocurrido en el V Foro de Diálogo, en razón del derecho de réplica.