Informe Leiden: se abren las puertas para reconocer «crímenes de guerra» en México

Armamento del Cartel de Sinaloa. Foto: Youtube

La violencia no ha sido menor que la padecida en los gobiernos inmediatos anteriores al del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por el número de víctimas, armamento usado por los grupos criminales y su manera de operar, entre otros aspectos, se trata de un «conflicto armado no internacional» que debe ser atendido como tal, advierte la Clínica de Derecho Internacional de Leiden, Holanda. Los argumentos jurídicos del reporte serán utilizados por organizaciones civiles y de derechos humanos para que la Corte Penal Internacional intervenga en México.

BRUSELAS.- Un informe elaborado por la prestigiosa Clínica de Derecho Internacional de Leiden, Holanda, concluyó que, según los estándares del derecho humanitario, México enfrenta desde 2007 un conflicto armado interno entre las fuerzas de seguridad del Estado y grupos del narcotráfico con alta capacidad de fuego y organización logística, como el Cártel de Sinaloa.

“La actual situación de violencia relacionada con las drogas en México desde 2007 ha alcanzado un nivel suficiente de intensidad entre partes que son grupos armados organizados y, por lo tanto, supone un conflicto armado no internacional”, sostiene el informe.

De las nueve organizaciones del narcotráfico analizados por los expertos holandeses, siete fueron considerados grupos armados organizados contra el Estado.

La Clínica de Derecho Internacional de Leiden es una de las más reconocidas del mundo en su campo. Se declara no política y no partidista y trabaja con tribunales internacionales, fuerzas armadas y organizaciones no gubernamentales “para mejorar la protección en tiempos de guerra y garantizar la rendición de cuentas de los crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad”.

Con base en la información recopilada, indica el documento holandés, entre 2008 y 2011 tuvo lugar una prolongada violencia armada entre las fuerzas de seguridad del Estado y el Cártel de Juárez, “que fue considerado como suficientemente organizado durante ese periodo”.

La Familia Michoacana –continúa el informe– mantuvo el conflicto armado entre 2007 y 2010; la organización de los hermanos Beltrán Leyva, de 2008 a 2012, mientras que los Caballeros Templarios estuvieron involucrados en intensos enfrentamientos directos con los militares de 2012 hasta 2015.

Actualmente, la “guerra mexicana” la está librando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador contra el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación, que se convirtieron en partes beligerantes desde el sexenio de Felipe Calderón.

El informe fue publicado antes del operativo fallido del gobierno mexicano para detener en Culiacán a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, el pasado 17 de octubre. Ovidio Guzmán fue liberado tras una demostración de fuerza y coordinación de tipo militar del Cártel de Sinaloa.

“Lo que hace el estudio es responder, con información pública disponible, cómo se puede calificar la situación de violencia de México conforte al derecho internacional humanitario o derecho de la guerra”, explica José Antonio Guevara Bermúdez, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos CMDPDH), que junto con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) encargaron el informe holandés.

En entrevista con Proceso, Guevara refiere que el informe analizó con fuentes abiertas si se reunían los elementos que exige el derecho de la guerra para calificar si México se encuentra en conflicto armado o no.

“El primero de ellos —expone— es que se presenten enfrentamientos entre grupos armados organizados y el ejercito o entre estos mismos grupos. Para determinarlo hay que analizar el nivel de organización de los grupos y la intensidad de los enfrentamientos”.

Los siete grupos mencionados reunían estos dos elementos.

Sobre el Cártel de Sinaloa, el informe asegura incluso después de la detención del Chapo, continúa llevando a cabo operaciones contra sus rivales y contra el gobierno, y ejerciendo un amplio control sobre las rutas del tráfico de drogas.

Precisa que “su estructura de mando, su capacidad de acceso a las armas y la posibilidad de sellar pactos con otras organizaciones del tráfico de droga demuestra que cumple con los criterios de umbral de `organización´”.

—¿Cómo se valora la intensidad de los enfrentamientos?

-El informe, el derecho de guerra y la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional (CPI) y de los tribunales ad hoc dan los elementos para valorar ese aspecto. Son elementos que no deben satisfacerse todos al mismo tiempo. Se analizó el tipo de armas utilizadas en enfrentamientos y, claramente, son armas propias de una guerra: son ametralladoras o rifles de alto calibre que penetran blindajes. También se estudió la cantidad de armamento, incluido el número de municiones usadas.

“Otro elemento —dice Guevara— es el número de víctimas muertas o heridas en el transcurso de esos enfrentamientos. En México tenemos cifras que exceden las 150 mil personas que han muerto en enfrentamientos y, aunque no está esclarecido, hay eventos violentos que hemos visto en las noticias en Michoacán, Guerrero o Tamaulipas.

Otros indicadores son la cantidad de inmuebles que han sido destruidos, las personas que han sido desplazadas por la fuerza o la duración de los enfrentamientos, así como su extensión en espacio. Tomando cada uno de esos elementos, el informe encontró que se da una intensidad suficiente en los lugares donde estos grupos tienen capacidad operativa”.

Ciudades fantasma

El análisis plantea que el conflicto armado no internacional que atraviesa México ha provocado entre 2007 y 2017 casi 200 mil asesinatos, la mayoría de los cuales se atribuye a violencia relacionada con el tráfico de estupefacientes.

Refiere que las cifras de homicidios fueron aumentando en la medida en que el gobierno desplegó nuevos contingentes militares en todo el país equipados con armas automáticas y lanzacohetes, apoyados muchas veces por helicópteros Black Hawk de la Fuerza Aérea Mexicana. Ello provocó que los cárteles también aumentaran la potencia de su armamento, “haciendo uso frecuente de granadas, lanzagranadas, fusiles de asalto, ametralladoras e incluso cohetes y lanzacohetes”.

Además, los especialistas holandeses refieren escenarios de guerra y subrayan que “desde el principio del gobierno de Calderón y durante el de Peña Nieto, más de 260 mil personas se han visto forzadas a abandonar sus hogares como consecuencia de la violencia relacionada con las drogas”, y que incluso poblados enteros se han convertido en ciudades fantasma.

El director ejecutivo de la CMDPDH menciona lo sucedido en Culiacán como una prueba de que el análisis holandés está en lo correcto.

“Las operaciones que vimos en Sinaloa por parte del narcotráfico fueron coordinadas, simultáneas y requieren un despliegue logístico que no te organiza una banda común de la delincuencia. Lo puede efectuar un grupo con entrenamiento y capacidad logística para bloquear las entradas y las salidas de una ciudad, incendiar camiones en esos lugares. Ese tipo de análisis también lo hace el informe en Michoacán, Nuevo León o Coahuila”.

—El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, señalaba tras los sucesos de Culiacán que las fuerzas del Estado mexicano son muy superiores a estos grupos, en particular se refería al Cártel de Sinaloa.

-Nadie pone en duda que la capacidad de fuego y logística de un ejercito nacional siempre va a exceder a cualquier grupo armado. Eso no es relevante. Sin embargo, el propio gobierno reconoce la existencia de un conflicto armado en el Plan Nacional de Seguridad y en el Plan Nacional de Desarrollo; el gobierno habla de una situación de guerra y que quiere transitar a una de paz.

Guevara prosigue: “El lenguaje de Andrés Manuel es que ya, dando órdenes de no derramar sangre, está cambiando el paradigma de la guerra y evita que ocurra este tipo de enfrentamiento y los daños que produce. El discurso político de quien tiene la fuerza más grande es irrelevante para la calificación de un grupo armado” enemigo.

Los argumentos jurídicos que validan una situación de guerra interna en México servirán a las organizaciones de derechos humanos y ciudadanos que exigen desde hace años a la CPI que intervenga en México.

A las “comunicaciones” que denuncian que en México las fuerzas del Estado están cometiendo presuntos crímenes de lesa humanidad, podrían sumarse las de crímenes de guerra por los que también pueden ser imputados los narcotraficantes.

—Hasta ahora la CPI no reconoce que haya una situación de guerra en México– se le menciona a Guevara.

-Es una de las cuestiones con las que nos hemos enfrentado en los últimos años con la fiscalía de la CPI. Lo que se decía entre la gente alrededor de la corte era que el caso mexicano no prosperaba porque la situación de la `guerra contra las drogas´ no era una figura jurídica. Nosotros no decimos eso, decimos que en el contexto de la política de seguridad para combatir al narcotráfico se están cometiendo crímenes contra la humanidad.

“Para nuestra sorpresa la CPI abrió un examen preliminar sobre Filipinas, refiriéndose a su política de seguridad como una guerra contra las drogas, y encontró que se presume que se están cometiendo crímenes contra la humanidad.

“El asunto ya lo resolvió la corte, y podríamos encuadrar la política de seguridad de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto como una `guerra contra las drogas´ en la cual tanto el ejército mexicano como las policías federales, estatales y municipales cometieron crímenes de lesa humanidad contra la población civil. Pero al mismo tiempo encontramos que en ese contexto las organizaciones criminales cometieron también crímenes como parte de su política de control territorial, que consiste en infundir miedo en la población”.

El informe de Leiden ya fue entregado a la fiscalía de la CPI. Actualmente, la CMDPDH está preparando nuevas comunicaciones ya bajo el argumento jurídico de la situación de conflicto armado no internacional de México y denunciando crímenes de guerra y no solamente de lesa humanidad, como lo había hecho en “comunicaciones” elaboradas junto con la Federación Internacional de Derechos Humanos, con sede en París, sobre casos en Baja California, Chihuahua y Coahuila.

“Vamos a introducir información relacionada con crímenes como tortura, asesinato, desapariciones, cometidos contra personas que no participan en las hostilidades o que están fuera de combate, y de población civil que es agredida por las fuerzas armadas”.

—¿Ya como crímenes de guerra?

—Así es.

*Este reportaje fue publicado en el número 2244 de la revista Proceso.