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La Corte Penal Internacional y el caso de los periodistas asesinados en México

BRUSELAS (apro).- Con argumentos legales que, al menos en otro caso, ya fueron descartados por la Corte Penal Internacional (CPI), la organización francesa Reporteros Sin Fronteras (RSF) solicitó a ese tribunal basado en La Haya, Holanda, que intervenga en México para investigar los asesinatos de periodistas cometidos en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y que no han sido esclarecidos.

El pasado 23 de septiembre, RSF informó en un comunicado de prensa que su secretario general, Christophe Deloire, se había reunido el 12 de marzo con el subsecretario mexicano de derechos humanos, Alejandro Encinas, para informarle que ese organismo defensor de la libertad de expresión e información había acudido a la CPI “para que interviniera en el país por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra periodistas entre 2006 y 2018”.

El documento legal (“comunicación” en el argot de la CPI), que RSF entregó un día antes de su encuentro con Encinas y que fue elaborado en equipo con la ONG mexicana Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, contempla 102 casos de asesinato y 14 desapariciones forzadas de periodistas mexicanos.

Aunque ya habían advertido a principios de marzo que interpondrían una acción legal ante la CPI, su entrega formal sólo fue anunciada públicamente, y el documento compartido, hasta seis meses después.

RSF y su aliado explicaron que así lo habían decidido “para reiterar nuestro llamado al gobierno mexicano de cumplir con sus obligaciones de prevención, respeto y garantía, así como hacer uso de todos los recursos que disponen las autoridades para investigar de manera eficaz los crímenes cometidos contra periodistas”.

El 20 de septiembre, es decir tres días antes de que RSF confirmara su acusación, se habían reunido en La Haya representantes de esa organización gremial, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) con Emeric Rogier, jefe de la Sección de Análisis de Situaciones de la Oficina de la Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda.

El comunicado de RSF explica que en esa reunión las organizaciones “exhortaron” a la fiscalía a que solicite la apertura de una investigación en México y “colabore con urgencia en la lucha contra la impunidad” que rodea los crímenes de periodistas en el país.

Pero también preguntaron a Rogier cómo avanzaba el “examen preliminar” de la comunicación de RSF, así como de aquellas que ha presentado la FIDH en alianza con la CMDPDH (casos en Baja California, Chihuahua y Coahuila). Cabe precisar que el “examen preliminar” es la fase en que la fiscalía de la CPI debe evaluar si la situación en México cumple con los criterios jurídicos estipulados en el Estatuto de Roma para iniciar, “si existe una base razonable”, una investigación ya en forma.

En su boletín de prensa, RSF guarda silencio sobre lo que respondió Rogier. Para saberlo, este columnista intentó comunicarse con Paul Coppin, jefe del área jurídica de la organización en París y quien aparece como el único representante de RSF que asistió a aquella reunión.

Pero Coppin no ha respondido al correo electrónico enviado el 17 de octubre ni a la llamada telefónica realizada la misma fecha. Tampoco devolvió la comunicación por correo Emmanuel Colombié, el director para América Latina, con sede en Brasil, a quien se le escribió el 29 de octubre.

La FIDH prefirió no dar información al respecto. La fiscalía de la CPI, por su parte, no está facultada a proporcionar detalles en torno a la evaluación de las comunicaciones a actores externos a las partes.

Quien sí respondió fue la CMDPDH a través de su directora de incidencia, Olga Guzmán Vergara, presente en aquel encuentro en la sede de la CPI.

El funcionario Rogier, comentó la activista, declaró que la fiscalía sigue analizando ésas y otras comunicaciones sobre México, algunas de ellas entregadas recientemente.

Además, Rogier reiteró que “siguen de cerca” el caso mexicano y que “pronto darán una respuesta si será posible o no abrir una investigación”, una referencia ambigua que, en los tiempos que maneja la CPI, podría ser el año en curso o en 2020, pero en todo caso antes de que termine el mandato de la fiscal Bensouda en junio de 2021, espera Guzmán.

En ausencia de un planteamiento nuevo expresado por Rogier, todo parece apuntar a que la causa de RSF por obtener justicia para los periodistas mexicanos asesinados o desaparecidos se topará con un muro muy difícil de franquear en la CPI.

Ese ha sido el destino de al menos una decena más de comunicaciones que se conocen porque las han hecho públicas las partes “demandantes” (la CPI no lo puede hacer) y que involucran acusaciones contra los presidentes Calderón y Peña Nieto y funcionarios de alto nivel, así como el narcotraficante preso en Estados Unidos Joaquín El Chapo Guzmán.

La primera de ellas fue presentada en noviembre de 2011 por el abogado Netzaí Sandoval —hermano de la actual secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval—, que acusó al entonces presidente Calderón de más 400 casos de presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad y el ejército en su cruzada contra el narcotráfico.

Visto desde afuera, hay dos razones para pensar que el expediente mexicano de RSF afrontará el mismo desenlace en lo inmediato.

La primera, de ámbito político, es que al parecer el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya descartó dar su apoyo a una implicación de la CPI en el país, tal como se lo “recomendó” en su comunicación RSF, que pidió al presidente “remitir la situación” al tribunal de La Haya para que éste “colabore en poner fin a la impunidad” de los crímenes contra periodistas.

De hecho, dos días antes de que iniciara el actual gobierno el 1 de diciembre pasado, seis organizaciones que han entregado comunicaciones a la CPI “celebraron” las declaraciones de López Obrador en el sentido de que remitiría a ese tribunal los crímenes atroces ocurridos en los sexenios de Calderón y Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, en una discreta visita que realizó a la CPI el pasado 12 de septiembre, la subsecretaria de Asuntos multilaterales y derechos humanos de AMLO, Martha Delgado, declaró escuetamente a la agencia española EFE que el gobierno permitiría la visita de investigadores de la CPI si así lo solicitaran; pero acotó —anulando en la práctica la utilidad de tal ofrecimiento— que “hay instituciones suficientes hoy por hoy para que los casos se procesen de manera adecuada en México”.

Según el conteo de la organización Artículo 19, durante el corto gobierno de AMLO han sido asesinados 12 periodistas, quienes no están comprendidos en la acusación de RSF.

El Estatuto de Roma, que en México entró en vigor en enero de 2006, establece en su artículo primero que la CPI se rige por el principio de “complementaridad”, lo cual significa que las jurisdicciones penales nacionales de los Estados signatarios, en este caso los tribunales mexicanos, tienen primacía formal para resolver las acusaciones de posibles crímenes de guerra y contra la humanidad.

La segunda dificultad tiene que ver con la argumentación jurídica que desarrolla la denuncia de RSF, que se asemeja a otra que la fiscalía de la CPI desechó hace unos años.

En una carta fechada el 22 de octubre de 2015, la fiscalía comunicó que había decidido no abrir un examen preliminar en el caso de presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados por agentes del Estado en Baja California durante la administración de Felipe Calderón, y que fueron denunciados en una comunicación común por la FIDH, la CMDPDH y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste en septiembre de 2014.

La explicación legal de esas ONG, contenido en un documento de 25 páginas y que refiere 30 casos con 95 víctimas de presuntos crímenes de lesa humanidad, está resumida en el primer párrafo de sus conclusiones.

Aseguran que la información de su documento, que incluye jurisprudencia de otros litigios juzgados por la corte, ofrece “una base razonable” para creer que en Baja California “se han cometido crímenes de asesinato, tortura y privación grave de la libertad, como parte de un ataque sistemático, y muy probablemente generalizado, contra la población civil”.

Lo anterior, señalan, “como parte de una estrategia de las fuerzas armadas y de seguridad del Estado” “con el fin de mostrar resultados para asegurarse la legitimidad de la política de seguridad y la `guerra´ contra el narcotráfico y el crimen organizado”.

Firmada por M.P. Dillon, la mencionada carta de la oficina de la fiscalía —que esta columna hizo pública el 14 de diciembre de 2017— desmontó ese análisis legal.

En resumen, explica la fiscalía, en el marco de la llamada “guerra contra el narcotráfico” las violaciones a los derechos humanos, por más graves que sean, no pueden ser consideradas por la CPI crímenes de guerra (porque en México, se apunta, no hay tal en términos del derecho internacional) o de lesa humanidad.

Vale la pena reproducir las partes esenciales del razonamiento de La Haya:

1) “Muchas presuntas violaciones a los derechos humanos habrían sido cometidas en un contexto de criminalidad prevalente y en operaciones de agentes del Estado contra organizaciones del narcotráfico”;

2) “las acusaciones adolecen de falta de claridad y precisión sobre las circunstancias que rodean los crímenes alegados”;

3) “la debilidad estructural de la administración de justicia, un alto nivel de impunidad y el aumento del crimen organizado pueden haber contribuido a las violaciones generalizadas reportadas”.

4) Lo anterior “crea obstáculos adicionales a la calificación jurídica preliminar de las conductas denunciadas como crímenes de guerra o de lesa humanidad como están definidas en el Estatuto de Roma”, ya que, 5) “las extensas violaciones a los derechos humanos no necesariamente constituyen crímenes de competencia de la corte”, que son aquellos “cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”, o “haber sido cometidos en el contexto de un conflicto armado” (una guerra formal).

Dillon anunció a la FIDH que, por dichos motivos, la fiscal Bensouda concluyó que sus alegaciones “no parecen estar comprendidas en la competencia material de la corte y, en consecuencia, ha determinado que no existe fundamento jurídico en este momento para avanzar en el análisis”.

Aunque la cuestión del asesinato de periodistas tiene una dinámica y características particulares, la propia comunicación de RSF la enmarca igualmente con el trasfondo de “la guerra contra las drogas”.

En su alegato jurídico, que consta de 37 hojas, RSF expone que “cree” que los crímenes de periodistas “fueron realizados principalmente con el consentimiento o conocimiento del gobierno mexicano, incluso perpetrados por las mismas autoridades, como parte de una política que contemplaba cometer estas acciones para hacer callar las voces críticas”.

Sostiene que tales actos recaen en la jurisdicción de la CPI “porque son parte de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil” (los periodistas) que “el gobierno mexicano no ha tenido la voluntad ni la capacidad de investigar y castigar”.

La fiscalía de la CPI cierra su carta de 2015, sobre el tema de Baja California, con un mensaje muy duro, incluso si lo quiere envolver en un lenguaje diplomático: “los alentamos —se lee— a que sigan planteando sus preocupaciones a las autoridades nacionales competentes, o que presenten la información relevante ante organizaciones internacionales y regionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas”.

No, con esos planteamientos, a la CPI.

*Esta columna Europafocus fue publicada el 1 de noviembre de 2019 en el portal de la revista PROCESO.Aquí puedes leer el texto original.

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