Clai y Adrian. Foto: Especial

Familia, resistencia y dignidad

A pesar de haber contraído matrimonio en Bélgica, los derechos de Clai han sido violados durante años. El no reconocimiento de su unión legal en el país donde nació su esposo, privaba al estadounidense de cosas tan elementales como la residencia legal y el permiso de trabajo. Lo que para las parejas heterosexuales sería apenas un simple trámite, para ellos ha sido una larga batalla en los tribunales

POR ÉMILIEN BRUNET / BRUSELAS, BÉLGICA

“La decisión del Estado rumano es injusta e inhumana”, afirma con voz serena y pausada Adrian Coman, un activista por los derechos de las personas LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y trans), en relación a su propia experiencia.

Coman llevó al gobierno de Rumania, su país, ante los tribunales por no querer reconocer como esposo a su pareja, el estadounidense Clabourn Hamilton (Clai), con quien se casó en Bélgica en 2010 después de ocho años de noviazgo.

La pareja se conoció en junio de 2002 en Nueva York, tres meses después de que Adrian se estableciera en la ciudad.

A pesar de que algunos años más tarde la vida los separó geográficamente, su relación amorosa continuó. Adrian trabajaba como asistente de una europarlamentaria rumana en Bruselas cuando le propuso matrimonio a Clai por Skype. Él, originario de Texas, se acababa de graduar como diseñador gráfico y había obtenido su primer empleo en Nueva York.

La situación dio un nuevo giro un par de años después de contraer nupcias. A finales de 2012, desempleado, Adrian contempló establecerse en Rumania con su marido y cerca de los suyos.

El combate por el reconocimiento legal de su pareja comenzó en enero de 2013, fecha en que el consulado rumano en Bruselas se negó a registrar a Clai como esposo de Adrian, un derecho que le corresponde a quienes están casados con un ciudadano de la Unión Europea (UE).

Las consecuencias de dejar las cosas así afectan la vida cotidiana y pueden llegar a ser graves: por ejemplo, si uno de ellos se enferma y requiere cuidados médicos, su pareja no es reconocida como esposo y no puede involucrarse en las decisiones del tratamiento.

Clai no pudo obtener permiso de residencia, ni para trabajar. Las autoridades rumanas explicaron que el Código Civil nacional prohíbe el reconocimiento de las uniones civiles en el país o en el extranjero de personas del mismo sexo.

Ese procedimiento, en cambio, es un mero trámite administrativo para las parejas heterosexuales, que de esa forma pueden vivir legalmente como familia en Rumania.

“Los funcionarios hablaban en privado de mi asunto, entonces unos minutos después me dijeron que no podían transcribir mi certificado de matrimonio. En ese momento todo lo que sentí fue tristeza y humillación”, comenta Adrian.

Recuerda haber abandonado el consulado cargando una hoja de papel en la cual quedó asentado que su familia no era reconocida por las autoridades rumanas. Junto con la asociación ACCEPT, que lucha por mejorar la situación de las personas LGBT en la sociedad rumana, interpuso una queja por violar su derecho a una vida familiar y por discriminación.

Desde el principio, el desarrollo del recurso fue engorroso. Una corte de Bucarest aceptó juzgar su caso en diciembre de 2015, luego de tres años de retraso, sólo para decidir cuál era el tribunal competente. De ahí pasó a la Corte Constitucional rumana.

Su caso llegó a finales de 2016 hasta la Corte Europea de Justicia, a la que los jueces rumanos preguntaron cómo deben interpretar la palabra “esposo” en el contexto de la directiva europea en la materia que data de 2004. Querían saber si aplica o no en Clai el principio de libertad de movimiento dentro del territorio de la Unión Europea.

Discriminados

Adrian vive actualmente en Nueva York con Clai. Desde febrero de 2013 es director del programa internacional de derechos humanos de la Arcus Foundation. Nunca dudaron en recurrir a los tribunales, señala. Da varias razones:

“Primero porque es injusto: si lo aceptamos hoy, nada cambiará en el futuro. Segundo: yo he trabajado en este campo, he sido activista LGBT en Rumania y estudié una maestría en derechos humanos; si alguien como yo renuncia, ¿quién más seguirá la batalla? Y tercero, el motivo más personal: algún día contemplamos mudarnos a Rumania, así que fue mejor tratar de resolver el problema en ese momento que años más tarde”. Lo que no imaginaron nunca fue que el juicio duraría tanto, confiesa.

Durante todo este tiempo la pareja se ha fortalecido: “Hemos hablado mucho entre nosotros –comenta Adrian–, hemos articulado sentimientos y pensamientos, y también hemos hablado más con nuestras familias”.

Sus padres los han acompañado en las audiencias en los tribunales y han salido en la televisión defendiendo la causa de su hijo. “Eso no es nada fácil ni común en Rumania”, subraya, y después de un momento de reflexión precisa:

“En los momentos que parecen difíciles pensamos que somos muy afortunados: muy afortunados de estar juntos y tener el apoyo de nuestras familias; que todo podría ser muy diferente si hubiéramos estado desempleados y si no tuviéramos unos abogados tan buenos y que no nos cobran”.

Asunto de dignidad

El 2018 llegó con una buena noticia para Adrien y Clai: el abogado general de la Corte Europea de Justicia, Melchior Wathelet, emitió una opinión previa a su favor, que presagia una sentencia igualmente favorable de esa institución.

Para empezar, el abogado general advierte que “el asunto legal en el centro de la disputa no es la legalización de los matrimonios de personas del mismo sexo, sino el libre movimiento de los ciudadanos de la UE”.

Aclarado lo anterior, Wathelet apunta que la directiva de la UE sobre libertad de movimiento no hace ninguna referencia a las leyes nacionales de los Estados miembros a fin de determinar el concepto legal de la palabra “esposo”, y sólo se basa en el hecho del matrimonio, el cual debe ser “neutral en cuanto al sexo de las personas afectadas e indiferente en cuanto al lugar donde se contrajo” el mismo.

Señala que en vista de la evolución de las sociedades de los Estados miembros que componen la UE en la última década en el área de autorización de los matrimonios del mismo sexo, “el término de matrimonio entendido como una unión de dos personas de sexo opuesto no puede ser admitido”.

Actualmente, de los 28 países del club comunitario sólo en 13 está reconocida legalmente la unión de parejas del mismo sexo, y a partir del 1 de enero de 2019 se sumará Austria; pero en 22 de ellos ya se reconocen tales uniones dentro de sus leyes migratorias. Únicamente nadan a contracorriente, además de Rumania, Letonia, Lituania, Polonia, Bulgaria y Eslovaquia.

Por si los motivos fueran pocos, el abogado general recuerda que la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y la Convención Europea de Derechos Humanos reconocen que las parejas del mismo sexo pueden disfrutar de una vida de familia, y que sus uniones deben ser consentidas y protegidas legalmente.

La pareja no puede aún cantar victoria; todo dependerá del contenido preciso del fallo que emita la Corte Europea de Justicia y del mecanismo jurídico con que lo interprete e implemente la justicia rumana, que podría terminar actuando igual. En todo caso, un eventual triunfo significaría un gran paso, para ellos y para muchas otras personas:

“Recibimos muchos mensajes de gente de otros países que nos felicita y que atraviesa la misma experiencia”, comenta Adrian, y agrega: “A todos los pongo en contacto con nuestros abogados. Eso demuestra que no es un debate teórico y que afecta la vida de muchos”.

—¿Es una cuestión de justicia y dignidad?, le pregunto.
—Sí, llegamos a eso: la dignidad es la base de los derechos humanos.

*Este reportaje fue publicado el 18 de febrero de 2018 en la revista CAMBIO. Aquí puedes leer el texto original→

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