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Un estudio de impacto inútil

BRUSELAS (apro).- Lo advierte desde ahora el borrador de lo que será la Evaluación de Impacto sobre Sustentabilidad del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea (UE), un documento elaborado a solicitud de la Comisión Europea y pensado para ser una importante referencia analítica en materia de derechos humanos y otros aspectos en el proceso de renegociación que está en marcha:

“El país –dice el documento refiriéndose a México– continúa experimentando significativas violaciones a los derechos humanos, incluyendo un inadecuado respeto del derecho a la vida. Mucha gente en México no se siente segura. Muchos elementos de la policía son corruptos, están poco entrenados y con frecuencia mal pagados. Los policías de investigación, los procuradores y los jueces son también generalmente corruptos y están mal capacitados. La impunidad sigue siendo un grave problema y el crimen organizado ha infiltrado los gobiernos locales y el federal. Los mexicanos están respondiendo con desconfianza y frustración a la corrupción del gobierno y a la mala administración”.

La empresa LSE Enterprise, que es la división de consultoría de la prestigiosa London School of Economic, fue la contratada por la parte negociadora europea para realizar el estudio, cuyo primer resultado (inception report) fue mostrado a diversas ONG en Bruselas el 18 de diciembre pasado, en paralelo al arranque de lo que fue la séptima ronda de negociaciones del apartado comercial del acuerdo.

Desde un punto de vista puramente teórico, el documento expone en su capítulo sobre derechos humanos que “México ha mejorado su respeto por los derechos laborales, rendición de cuentas, debido proceso y respeto por el Estado de derecho”. Sin embargo, reconoce que en la práctica “México presenta significativos problemas de derechos humanos y gobierno, los cuales han empeorado por los importantes niveles existentes de corrupción e impunidad”.

El estudio, de 161 páginas, y al que tuvo acceso este columnista, considera que en el ámbito legal los sucesivos gobiernos de México desde el encabezado por Carlos Salinas de Gortari han emprendido avances en derechos humanos. No así el de Enrique Peña Nieto.

“Desde 2013 –indica la consultora británica– la administración de Peña Nieto no ha sido capaz de lograr progresos significativos en materia de derechos humanos, al mismo tiempo que libra una guerra contra las drogas e intenta mejorar los resultados económicos y reducir las desigualdades sociales y económicas” del país.

Expone que incluso organizaciones de derechos humanos como Freedom House, Amnistía Internacional o Human Rights Watch, así como observadores internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “están preocupados de que México pudiera estar experimentando un proceso de regresión en su voluntad de proteger derechos humanos específicos”.

La mencionada Evaluación de Impacto sobre Sustentabilidad (SIA, por sus siglas en inglés) tiene como propósito “comprender adecuadamente los posibles impactos del acuerdo de asociación” renegociado, incluyendo aquellos relacionados con el espinoso tema de los derechos humanos.

Desde una perspectiva económica, las categorías de derechos humanos que revisa el documento son: el derecho a adecuados estándares de vida, a la propiedad, a un juicio justo, a la libertad de expresión y opinión, a la privacidad, a una vida cultural, de los pueblos indígenas, al agua, y a los más altos estándares alcanzables de salud física y mental.

Esta evaluación concluye que un acuerdo comercial actualizado “podría tener efectos positivos y negativos sobre la voluntad del gobierno mexicano para respetar derechos humanos específicos, y sobre la habilidad de la ciudadanía para exigir que se garanticen sus derechos bajo las leyes nacionales e internacionales”.

Advierte, sin embargo, que, “a menos que el acuerdo contenga un lenguaje que exija a un gobierno conducirse de cierta manera, será difícil atribuir un mejoramiento o un debilitamiento de derechos humanos en particular”.

En su primer ejercicio de evaluación –y tomando como base las propuestas de negociación disponibles por la parte europea–, LSE Enterprise identificó 11 párrafos o enunciados donde el “lenguaje (de protección) de derechos humanos” estaba “ausente” o era “no claro” o “incompleto”, afectando principalmente a los ciudadanos y trabajadores más vulnerables del lado mexicano en capítulos como Telecomunicaciones, Comercio Digital, Transparencia o Propiedad Intelectual, pero sobre todo el de Comercio y Desarrollo Sustentable.

En otros cuatro casos identifica “vacíos” o “huecos”, también en materia de derechos humanos, que de hecho podrían socavar obligaciones europeas contenidas en su Tratado de Funcionamiento, en sus regulaciones o compromisos internacionales y que conciernen a ciertos derechos laborales, a la privacidad digital o a la protección de datos personales.

Se evalúa que sólo en tres casos se incentivan claramente los derechos humanos, pero vistos éstos desde un enfoque económico. Así, en el capítulo de Inversiones y Comercio en Servicios se garantiza el derecho de los Estados a regular para proteger la salud pública o el derecho a la información, y no hay cláusula derogativa; en el capítulo de Transparencia se emplea un lenguaje que incentiva la participación pública, y en el capítulo de Buenas Prácticas Regulatorias se promociona la consulta pública, el debido proceso y el acceso a la información.

Hay otro asunto. Hasta la fecha no se conoce públicamente el contenido de la llamada cláusula democrática que se está discutiendo, aunque Edita Hrda, la jefa negociadora europea del apartado político y de cooperación, que se lleva a cabo en paralelo al apartado comercial, adelantó a este columnista que aquella será más extensa a la vigente.

Por otro lado, varias ONG mexicanas y europeas defensoras de los derechos humanos han presentado sus propias propuestas de cláusulas democráticas, basándose en las que ya contienen otros acuerdos negociados por la UE con terceros países.

Presionados, los negociadores europeos han puesto por encima de todos sus esfuerzos para mejorar los derechos humanos en México, entre otros aspectos, la introducción en el acuerdo de un nuevo capítulo de Desarrollo Sustentable –como el que ya tienen en otros tratados de los llamados “de nueva generación”–, a cuya negociación proveería aportes importantes el SIA.

El problema es que ese estudio de impacto fue apenas solicitado por la UE en noviembre pasado, cuando tenía lugar la sexta ronda de negociación y sin importar que su normativa establece que tal revisión debió ser lanzada no más de seis meses después de que el Consejo de la UE aprobó el mandato para modernizar el acuerdo, lo que ocurrió en mayo de 2016, por lo que el plazo máximo culminó en noviembre de 2016. Es decir que el SIA fue solicitado con un año de retraso.

Lo más grave es que la presentación del informe final de tal estudio de impacto se prevé para el segundo semestre de 2018, cuando las negociaciones quizás ya hayan terminado si, como se espera, se llega a un acuerdo de principio en febrero próximo.

Para un grupo de nueve ONG europeas, lo anterior es “completamente inaceptable”, ya que, reitera, “el objetivo del SIA es llamar a tiempo la atención de los negociadores sobre el potencial impacto que pueden tener las medidas comerciales bajo negociación y los posibles intercambios, y por lo tanto apoyar la formulación de políticas sanas”. En consecuencia, solicitan suspender las negociaciones –que esta semana comenzaron su octava ronda comercial en Ciudad de México– hasta no conocer el resultado definitivo del SIA.

Esas ONG internacionales son: Organización Mundial Contra la Tortura, Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, Federación Internacional de Periodistas, Pan para el Mundo, Taula per Mèxic, Obra episcopal de la iglesia alemana para la cooperación al desarrollo (Misereor), Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina de Berlín, Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR), y Solidaridad Cristiana en Todo el Mundo.

Ambas partes negociadoras han ignorado el llamado. En todo caso, el estudio de impacto parece ya inútil cuando hace menos de un mes se estuvo a punto de llegar a un acuerdo, según informaron las partes.

*Esta columna Europafocus fue publicada el 11 de enero de 2018 en el portal de la revista PROCESO. Aquí puedes leer el texto original➔

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