Al “gobierno en el exilio” de Puigdemont se le cierran los márgenes de maniobra

BRUSELAS (apro).- El presidente cesado del gobierno de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, declaró que, “entre barrotes, el gobierno legítimo de Cataluña es más digno que sus ilusos encarceladores”.

*Este reportaje se publicó en la sección Prisma Internacional de la Agencia Proceso. Aquí puedes leer el texto original

Tal declaración la hizo desde Bruselas y después de que Carmen Lamela, magistrada de la Audiencia Nacional de España, pusiera en detención provisoria al vicepresidente Oriol Junqueras y a ocho consejeros acusados de sedición, rebelión y malversación por convocar al referéndum de autodeterminación del 1 de octubre.

La juez también aceptó lanzar una orden de arresto europeo contra Puigdemont y otros cuatro consejeros que se encuentran en la capital belga.

Paul Bekaert, abogado de Puigdemont, fue categórico en sus declaraciones al diario belga De Morgen el pasado 31 de octubre: “Mientras exista la posibilidad de que España solicite su extradición de Bélgica, Carles Puigdemont no puede excluir solicitar el asilo político”.

El letrado belga, especializado en derechos humanos y asilo, reiteró un día después a la cadena holandesa NOS que, hasta ese momento, “hemos decidido no hacer una solicitud de asilo político, sino luchar contra la extradición en los tribunales belgas”.

El líder independentista catalán se encuentra en Bélgica desde el lunes 30 de octubre.

En una abarrotada rueda de prensa realizada el martes 31, Puigdemont aseguró que él y cinco más de sus consejeros –también suspendidos de sus funciones tras de que las autoridades de Madrid aplicaron el artículo 155 de la Constitución de España– se habían trasladado a Bruselas por ser la capital de la Unión Europea y para poder seguir ejerciendo sus actividades de gobierno en condiciones de seguridad y paz. Declaró que no regresarán a Cataluña mientras la justicia española no les garantice un juicio justo.

El presidente catalán destituido reveló que la decisión de viajar a Bruselas la tomó con su gabinete desde el 27 de octubre, cuando sus miembros fueron suspendidos. Estuvo un día después en Girona, donde se le vio por última vez en territorio catalán. Se retiró a las 17:00 horas locales. La madrugada del lunes 30 atravesó la frontera francesa en automóvil para llegar a Marsella, donde un avión lo transportó a la capital belga.

Aislamiento

En Bruselas, el gobierno en el exilio de Puigdemont dispone de cierta infraestructura. El líder separatista se habría alojado, según el diario belga Le Soir, en un hotel económico cercano al centro de la ciudad, el Hotel Chambord, en el que el precio de una habitación ronda los 90 euros, aunque la ubicación del catalán pudo ya haber cambiado.

Sus reuniones de trabajo y las de su equipo se han llevado a cabo en la sede de la Alianza Libre Europea, un grupo de partidos del Parlamento Europeo que defienden el derecho a la autodeterminación de los pueblos y al que pertenecen los eurodiputados independentistas catalanes. El inmueble se localiza a unos pasos del hotel donde supuestamente se hospedó Puigdemont.

Una fuente catalana del Parlamento Europeo consultada por apro –y que pidió no ser citada–, consideró que no se requieren recursos extraordinarios para financiar la estancia de Puigdemont y de su gobierno en el exilio belga, y que “cuenta con simpatizantes y amigos que pueden aportar medios para que continúe con su trabajo”.

El gobierno belga ha evitado cualquier acción que pueda interpretarse como un apoyo a los separatistas catalanes, aunque sea indirecto, para no desestabilizar o romper la coalición que gobierna y que lo obligue a convocar elecciones adelantadas.

La conferencia de Puigdemont del 31 de octubre debió celebrarse en el Club de Prensa de Bruselas Europa, un establecimiento gestionado por asociaciones de periodistas y el gobierno de la región de Bruselas, ya que a los organizadores les fue negada la renta de una sala del Residence Palace, un complejo de servicios para la prensa internacional que forma parte de la oficina del primer ministro belga, Charles Michel.

La Alianza Nacionalista Flamenca (NVA por sus siglas neerlandesas), un partido independentista de la región norte de Bélgica que compone la coalición de gobierno –y cuyo militante, Theo Francken, secretario de Asilo, había afirmado días antes que el líder catalán podía pedir asilo político en su país–, se vio obligado a negar que Puigdemont estaba en la capital del reino por invitación suya, como también corrió a aclararlo el gobierno federal.

Consciente de la situación incómoda que genera en la política local, Puigdemont ha subrayado que él decidió refugiarse en Bruselas porque es “el corazón de la UE” donde están alojadas sus instituciones, y “no por ser Bélgica”, e igualmente ha especificado que la NVA, como otras formaciones europeas, simpatiza con el movimiento de autodeterminación catalán, pero que “no hay vínculos” institucionales entre ambos.

Pelea legal

Debido a que Puigdemont no asistió al citatorio de este jueves 2 de noviembre en la Audiencia Nacional, y ahora que la justicia española emitió una orden europea de detención y entrega, la posición del expresidente catalán en Bélgica se puede degradar aún más.

Puigdemont y sus exconsejeros que lo acompañan podrían ser detenidos y puestos a disposición de un juez, únicamente por el cargo de malversación, ya que en la lista de delitos en que aplica la euro-orden no aparecen la rebelión ni la sedición.

Si Puigdemont acepta la extradición, ésta debe efectuarse en 10 días; en caso contrario su expediente pasa a la Cámara del Consejo de Bruselas y, si su fallo es contrario al acusado y éste apela, sería la Corte de Casación la que se ocuparía finalmente del asunto. La duración total de este procedimiento se alargaría dos meses.

Un punto importante es que la ley belga establece que una orden puede ser rechazada “si existen razones para creer que su ejecución tendría como efecto una vulneración de los derechos fundamentales de la persona reclamada recogidos en el Tratado de la UE”.

Esa es la vía legal que eventualmente seguiría Puigdemont, según el abogado Bekaert.

El jurista belga Marc Neve expuso al diario La Libre Belgique: “sería muy sorprendente que un tribunal belga acepte que a los catalanes se les persigue por delitos políticos y se impida la ejecución de la solicitud española, incluso si, en su momento, Bélgica ha bloqueado la extradición de ciudadanos vascos e irlandeses del Norte”.

El abogado que ha logrado esas excepciones es Bekaert, el mismo que representa a Puigdemont. En 2013, por ejemplo, consiguió evitar la extradición a España de la presunta terrorista etarra Natividad Jáuregui, y anteriormente de la pareja belga de origen vasco Luis Moreno y Raquel García, señalados por los tribunales españoles de colaborar con ETA.

La opción de defensa jurídica es que Puigdemonte solicite a Bélgica el asilo político como simple ciudadano de la UE, lo cual los expertos consideran también muy difícil de obtener.

El profesor en derecho de asilo de la Universidad Libre de Bruselas, Philippe De Bruycker, explicó al periódico Le Soir: “En virtud del derecho europeo, esas demandas de asilo son en principio consideradas infundadas, pues emanan de personas que viven en Estados que no practican la persecución política. Y eso lo prevé el Protocolo 24 del Tratado de Lisboa”.

De las miles de demandas que recibió Bélgica el año pasado, apenas 49 provinieron de ciudadanos intracomunitarios, y ninguna fue aceptada.

En el sistema legal belga, y a diferencia de otros Estados europeos, no es el gobierno federal que examina las demandas de asilo político, sino una autoridad independiente: el Comisariado General para los Refugiados y Apátridas (CGRA). Esta instancia es la que debe aplicar la Convención de Ginebra en la materia. En caso de apelación, la decisión final la toma un juez federal especializado en asilo.

Ese procedimiento permitiría al dirigente catalán aportar pruebas para fundar sus argumentos: que los crímenes que les imputa la justicia española no son de derecho común sino de causa política.

“Eso tomaría algunos días en un proceso acelerado, el tiempo necesario para que el CGRA se pronuncie”, concluyó De Bruycke.

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