Europa: un Big Brother 2.0

Foto: Frontex

BRUSELAS (apro).- Confrontada con un arribo masivo de refugiados y otros migrantes indocumentados, la Unión Europea (UE) prepara ahora un paquete de polémicas medidas tecnológicas que le permitirían identificar con mayor facilidad a otro tipo de migrantes irregulares: aquellos que entraron de manera legal a la UE y que al caducar sus visados o finalizar su permiso de estadía decidieron permanecer en el territorio.

No se conoce con precisión el número de inmigrantes que viven en la UE bajo esta situación (conocidos en inglés como overstayers). Sin embargo, cifras oficiales señalan que en el segundo cuatrimestre de 2014 se llegaron a detectar 100 mil 647 personas con estadía irregular en la UE (la mayoría portadores de visas de corta duración), lo cual representó un incremento de 15% comparado al primer cuatrimestre, y de 22% respecto del segundo cuatrimestre del año anterior.

Muchos de esos inmigrantes llegan a la UE con visas de turista con vigencia de algunos días o meses. Cuando éstas expiran sus portadores permanecen en la clandestinidad con la esperanza de algún día poder acogerse a una eventual ley de regularización. En ocasiones dejan el país que expidió el visado o por el que ingresaron a la UE y se desplazan entre los Estados miembros, lo que dificulta a las autoridades migratorias su identificación.

Conocido con el nombre de Fronteras Inteligentes (Smart Borders), el proyecto fue presentado por primera vez para su discusión en 2013, y una nueva versión corregida, esperada para 2016, será entregada por la Comisión Europea antes de que termine este año, según reportó el 7 de octubre pasado la prensa europea. La intención de sus promotores es que la iniciativa entre en operación en 2017 o 2018 a más tardar.

El paquete consiste principalmente en la creación de un Programa de Registro de Viajeros (RTP, por sus siglas en inglés) y de un Sistema de Entrada/Salida automatizado (EES, también por sus siglas en inglés), que requeriría escaneos biométricos con la información de los visitantes extranjeros.

El sistema de control vigente, a través de sellos en los pasaportes, es considerado “obsoleto” por la Comisión Europea.

Ese manejo de sellos (que en la práctica muchas veces no se aplica) dificulta que un turista sea descubierto por quedarse más tiempo de lo permitido o por querer ingresar a la UE de manera ilegal, como fue el caso en septiembre pasado del pianista mexicano Luis Hermán Miranda, quien fue detenido en el aeropuerto de Bruselas, Bélgica, por no disponer de visa, y luego deportado al país.

De acuerdo con las explicaciones de la embajada mexicana, el joven músico había estado residiendo y estudiando en Polonia (Estado miembro de la UE) bajo el estatus migratorio de turista, que lo autoriza, por ser ciudadano mexicano, a permanecer únicamente tres meses en la UE sin necesidad de visado. Para no rebasar ese límite y caer en la ilegalidad, Miranda había salido de la UE, pero después había intentado volver a entrar (por Bélgica) sin dejar que transcurrieran 90 días, como lo marca la ley europea.

Las nuevas medidas, según la Comisión Europea, facilitarían la identificación de tales viajeros infractores.

Como “criminales sospechosos”

La Comisión Europea había sugerido desde 2008 la creación del RTP y del EES, pero fue hasta cinco años después, en febrero de 2013, que esa institución los propuso de forma oficial dentro del paquete Smart Borders.

Al presentarlo el 28 de febrero de aquel año, la entonces Comisaria de Asuntos Internos de la UE, Cecilia Malmström, argumentó que ese paquete de medidas simplificaría la vida de los “viajeros frecuentes” en el espacio Schengen, el cual deriva del acuerdo de eliminación de fronteras que existe entre 26 países europeos (cuatro de ellos no pertenecientes a la UE: Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein).

Durante la mencionada presentación se instaló un prototipo de máquina lectora de documentación migratoria, como las que se piensan ubicar en mil 800 puntos de cruce fronterizo en el área Schengen.

Malmström explicó que los viajeros cuyos documentos hubieran sido previamente escaneados recibirían un identificador que serviría para utilizar el sistema, permitiéndoles pasar el control fronterizo “en cuestión de segundos”. Calculó que 5 millones de personas lo usarían diariamente y de manera voluntaria.

Desde el primer día, la propuesta fue duramente cuestionada. El grupo de los Verdes del Parlamento Europeo, a través de la eurodiputada alemana Franziska Keller, acusó que los nuevos equipos de control que proponía la Comisión Europea “no crearían nada inteligente (smart) sino un Big Brother 2.0 en las fronteras de Europa”. Y adelantó que los viajeros extranjeros serían tratados “como criminales sospechosos”.

Keller explicó que, para operar correctamente las nuevas tecnologías, tendrían que ser registradas las huellas digitales de los viajeros y no sólo cada vez que estos salgan o entren en la UE, sino también cuando se deban someter a controles de identidad de la policía, lo cual, señaló la eurodiputada, rebasa los procedimientos en vigor en los países comunitarios.

El EES recogería el nombre del visitante, el tipo y número de sus documentos de viaje, la fecha y hora de entrada y salida de la UE y, en una fase posterior, sus huellas digitales.

Diversos actores han expresado igualmente su preocupación de que las autoridades judiciales puedan tener acceso a esos datos personales, dañando así los derechos básicos de los ciudadanos extranjeros.

Keller advirtió: “Las propuestas intrusivas, las cuales comprometen el derecho a la protección de los datos de los viajeros, van mucho más allá de lo que la Comisión Europea requiere para garantizar su aparente objetivo de verificar quien permanece más tiempo de lo permitido en la UE. No necesitamos extender más al pulpo de la retención de datos: los ciudadanos indeseados de terceros países ya pueden ser identificados con las herramientas que disponemos”.

Cacería de migrantes

El Consejo (los Estados miembros de la UE) y el Parlamento Europeo efectuaron una primera revisión del paquete, que finalizó en febrero de 2014. Plantearon una serie de preocupaciones técnicas, operativas y financieras en torno al proyecto.

Una de ellas es el altísimo costo del proyecto, de más de mil millones de euros, lo que ha generado un fuerte rechazo en el seno de algunos círculos políticos del Parlamento Europeo, que lo consideran un derroche inaceptable en época de crisis económica y austeridad, especialmente en lo que respecta a los presupuestos de las autoridades policiacas y de cooperación judicial, como Europol y Eurojust.

Otra traba: los gobiernos nacionales consideran que estampar sellos de salida sobre los pasaportes representa el sistema más eficiente para detectar a los viajeros que se pasen de su tiempo de estancia, según arrojó un sondeo realizado por el gobierno de Letonia, que presidió el Consejo de la UE el primer semestre de este año.

Ese mismo sondeo –que cita un reporte de la organización independiente británica Statewatch de julio pasado– expuso que la mayoría de los Estados miembros opinan que para cumplir dicho objetivo de detección también sirven bancos de datos existentes en la UE como el Sistema de Información de Visados (VIS por sus siglas en inglés) o el Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II), que agiliza el intercambio de información entre autoridades de control de fronteras, aduanas y policías sobre personas que podrían haber participado en delitos graves, desaparecidas o sobre bienes y documentos de identidad robados o extraídos.

Con el propósito de solucionar los obstáculos, la Comisión Europea mandó elaborar un estudio técnico. En paralelo, la Agencia de la UE de sistemas informáticos de gran magnitud para el área de libertad, seguridad y justicia (conocida como eu-LISA), realizó una prueba para verificar la viabilidad de las opciones que proponía ese estudio técnico sobre el control manual y automatizado de las fronteras y el uso de datos biométricos.

Tal estudio técnico, acompañado de otro sobre los costos del proyecto, fue presentado en octubre de 2014, pero las inquietudes no cesaron.

A principios de año, por ejemplo, una de las negociadoras en la materia por parte del Parlamento Europeo, la eurodiputada eslovena Tanja Fajon, insistió en que “la recogida indiscriminada de datos, sin una causa específica justa, debe ser una preocupación para todos nosotros”.

Sobre el segundo aspecto, en noviembre próximo tendrá lugar la publicación del reporte final de la prueba piloto de verificación. Esta última se aplicó –entre febrero y septiembre pasados– en 17 puntos de cruce fronterizo por mar, tierra y aire ubicados en 12 países de la UE (Alemania, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Italia, Portugal, Rumania, España y Suecia).

En un reporte intermedio del mismo, divulgado en agosto pasado, la agencia aseguró que 80% del personal aduanero que encuestó dijo sentir más confianza en su trabajo con el nuevo equipo que propone Smart Borders, y que entre 88 y 92% de los pasajeros entrevistados declaró estar también a favor.

Meses antes, a principios de este año, tuvo lugar una amplia operación conjunta entre varias policías europeas, bautizada como Amberlight (Semáforo Amarillo). Su misión fue efectuar en aeropuertos de la UE chequeos intensivos de papeles migratorios con la finalidad de recopilar información sobre los visitantes que no respetan la duración de su permiso de estancia.

En particular, el propósito de la operación fue saber si esa categoría de inmigrantes se desplazaba del Estado miembro de la UE en el que había sobrepasado la estadía permitida o de otro en el que podía eludir los controles, además de poder conocer de qué Estados provenían los visados detectados y el perfil de sus portadores.

Posteriormente, la agencia de protección de las fronteras exteriores de la UE, Frontex, la utilizará para la realización de sus análisis de riesgo.

Ese ejercicio, en el que participaron 28 países europeos, se realizó entre el 1 y el 14 de abril, en época de vacaciones y gran afluencia de pasajeros, y entre el 18 y 30 del mismo mes. El resultado: la detección de mil 409 viajeros con estancias irregulares y tres casos de impostura de identidad. La sanción: la expulsión del territorio de la UE y la prohibición para poder ingresar a él durante varios años.

ACTUALIZACIÓN: En abril de 2016 la Comisión Europea presentó una propuesta revisada de su paquete Smart Borders, el cual continúa su proceso de análisis.

*Este reportaje fue publicado el 9 de octubre de 2015 en la sección Prisma Internacional del portal de la revista PROCESO. Lee aquí el texto original➠

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