Unión Europea: en busca de la justicia mexicana

Protesta por Ayotzinapa en el Parlamento Europeo. Foto: Marco Appel

BRUSELAS (apro).- En los últimos siete años, más o menos desde la mitad del sexenio de Felipe Calderón, creció la frecuencia de los encuentros que activistas mexicanos sostienen con funcionarios de las instituciones de la Unión Europea (UE) para denunciar violaciones a los derechos humanos en el país.

Bruselas, capital de Bélgica y ciudad sede de tales instituciones con las que México sostiene un acuerdo comercial y de diálogo político desde hace 16 años, se ha convertido en un lugar donde muchas víctimas mexicanas y las organizaciones que las apoyan están depositando sus esperanzas de obtener algún día justicia.

Tan extendida es la solicitud de auxilio a la UE –para que presione al gobierno mexicano en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos– que varias ocasiones ha llegado a suceder que dos “giras” independientes en su preparación se cruzan en Bruselas y otros países europeos importantes en ese tipo de cabildeo humanitario, como son Alemania, Francia, España y Suiza, país no comunitario que acoge a los organismos y grupos especiales de la ONU.

Los funcionarios de la oficina para México del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE, el cuerpo diplomático de los 28 Estados miembros de la UE) posiblemente ya se han acostumbrado a recibir a familiares y víctimas y escuchar sus historias de terror e impunidad. No pueden quejarse de que no están siendo informados directamente.

Este martes 20 esos mismos funcionarios recibieron a familiares de tres defensores mexicanos de derechos humanos presos injustamente desde hace más de tres años: Damián Gallardo Martínez, Librado Jacinto Baños y Enrique Guerrero.

Sobre cada uno de esos casos, y los de Nestora Salgado y Pedro Canché, quienes ya fueron liberados, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU emitió opiniones dirigidas al gobierno de Enrique Peña Nieto en las que considera que todos ellos fueron detenidos arbitrariamente y encarcelados por delitos que no cometieron (delincuencia organizada y secuestro). Además, dice la ONU, también todos fueron sujetos a diferentes formas de tortura y malos tratos en el momento de su captura y/o en las instalaciones penitenciarias donde fueron confinados.

Esas opiniones marcaron un hecho inédito al haber sido emitidas en un periodo muy corto de tiempo, entre agosto de 2014 y diciembre de 2015, comenta a este columnista Miguel Martín Zumalacárregui, jefe de la oficina en Bruselas de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), la que coordinó la visita de los activistas mexicanos, entre ellos de la esposa de Damián Gallardo, la también defensora de derechos humanos Yolanda Barranco, y del hermano de Enrique Guerrero, Manuel Guerrero.

En tres de los casos (los de Gallardo, Guerrero y Baños) al gobierno peñanietista ni siquiera le interesó responder con su versión de los hechos a la ONU, como tenía derecho, antes de que ésta diera a conocer sus correspondientes opiniones.

Como menciona Barranco, estas campañas en Bruselas cubren varios objetivos: 1) denunciar cada caso como tal; 2) probar que la narrativa internacional del gobierno mexicano de respeto y promoción de los derechos humanos es falsa y evidenciar, por el contrario, la política de represión y criminalización que se vive en todo el territorio nacional, y 3) “limpiar” el nombre de los defensores de derechos humanos que han sido acusados de delitos inventados para inhibir su trabajo.

Otro importante propósito lo plantea Yesica Sánchez, directora adjunta del Consorcio Oaxaca, quien acompaña a los familiares: la petición a la UE de que exija al gobierno de México que cumpla con sus compromisos internacionales tanto con la ONU como con la cláusula democrática del acuerdo bilateral que sostienen y que está en vías de “modernización”.

Explica: “¿De qué aspiración de justicia podemos hablar actualmente en México? Hoy hay una oportunidad para no dejar de lado la cláusula democrática (con la UE). Es más valiosa que nunca. La petición a la comunidad internacional en general es ponderar el respeto a los derechos humanos, ya que es lo único que puede salvar a México de la ingobernabilidad y de su transformación en un Estado de excepción de facto”.

Apoyando la causa de los activistas mexicanos, Human Rights and Democracy Network (HRDN) lanzó igualmente esta semana una campaña, que durará un mes y medio, a favor de la liberación de Damián Gallardo a través de su programa Stand4HumanRightsDefenders. HRDN es una plataforma que agrupa a 50 ONG que promueven en la UE la democracia, la paz y los derechos humanos, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Federación Internacional de Derechos Humanos, Open Society Foundations, Brigadas Internacionales de Paz o la propia OMCT.

Por supuesto, las acciones mexicanas de denuncia en Bruselas están orientadas a influir sobre los tomadores de decisiones europeos y a informar a organizaciones afines de la sociedad civil. Hay que reconocer que tales denuncias son muy difíciles de posicionar en la opinión pública europea a través de la prensa. Los pocos corresponsales europeos que llegan a interesarse en estos casos suelen perderse en la reconstrucción de las denuncias, saturadas de datos y tecnicismos difíciles de comprender sin contexto.

La delegación mexicana de activistas tenía previsto asistir en Ginebra, Suiza, a la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que comenzó el 13 de septiembre, y en el marco del cual se entrevistarán con personal del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria y con la relatora especial sobre derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli. Cuatro de los cinco defensores de derechos humanos por los que abogan los activistas mexicanos y europeos son indígenas.

*Esta columna Europafocus fue publicada el 21 de septiembre de 2016 en el portal de la revista PROCESO.
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