Federica Mogherini. Foto: EEAS

ARCHIVO: Acuerdo Global: modernización hermética

BRUSELAS (apro).- El pasado 23 de mayo el gobierno de México y la Unión Europea (UE) anunciaron el inicio formal de las negociaciones “para la modernización” de su Acuerdo Global, el cual entró en vigor en 2000, el mismo año que fue electo el primer gobierno federal no priista del país, el del presidente Vicente Fox.

El proceso previo a la modernización del acuerdo se ha caracterizado por su hermetismo: los acercamientos y reuniones entre autoridades de ambos lados, que duraron tres años y cuatro meses, se realizaron a puerta cerrada y sólo se proporcionó información general de su contenido a través de comunicados.

Esa misma actitud evasiva al escrutinio público se mostró con la visita que realizó a México el 24 y 25 de mayo último la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini. El anuncio de su viaje se mantuvo en Bruselas dentro de una dinámica de bajo perfil: la diplomática no hizo publicidad de su visita en la prensa, como suele ocurrir, y se limitó a emitir un simple aviso de su gira mexicana en las agendas oficiales disponibles en Internet.

El menosprecio por la opinión pública es tal, que el anuncio sobre la aprobación del mandato de negociación –el cual fue aprobado el lunes 23 por el Consejo de la UE (el órgano de decisión de los gobiernos de los Estados miembros)– se intentó retener incluso cuando la prensa solicitó una confirmación del hecho. Según una fuente interna del Consejo, Mogherini quería guardarse esa información para hacer ella misma el anuncio junto con el gobierno de Peña Nieto durante su estancia en México, como finalmente ocurrió.

Este lunes 30, el grupo de los socialistas en el Parlamento Europeo solicitó que por razones de transparencia se haga público el documento del mandato por el que la UE renegociará su acuerdo con México.

Hay otro aspecto inquietante en la agenda bilateral: las alertas expresadas por la sociedad civil y organismos internacionales sobre la grave crisis de derechos humanos que ocurre en México no han ido más allá de algunas expresiones europeas de “preocupación” y de “condena” por hechos que juzgan ajenos a la voluntad de las autoridades federales.

Los europeos han manifestado que darán importancia al reforzamiento en el nuevo acuerdo del respeto a los derechos humanos. Los socialistas expresaron también esta misma semana que su grupo en el Parlamento Europeo “empujará una cláusula firme de respeto a los derechos humanos” (aunque apoyaron el deslinde del gobierno mexicano en torno a los acontecimientos de Ayotzinapa en un reporte de octubre de 2014).

A pesar de esos discursos categóricos, el anterior embajador mexicano en Bruselas, Juan José Gómez Camacho, aseguró a finales del año pasado –antes de irse a Nueva York como representante ante la ONU– que la revisión de los capítulos de diálogo político y cooperación del acuerdo ya había finalizado, y que los europeos no habían solicitado modificaciones relativas al tema de los derechos humanos.

Hay otros hechos que también contradicen la supuesta voluntad europea por empujar una mejoría de los derechos humanos en México aprovechando el espacio que abre la renegociación del acuerdo bilateral.

El primero: entre junio y agosto del año pasado, la Comisión Europea realizó por internet una consulta pública “sobre las relaciones futuras” con México.

De todos los apartados que integraron la consulta (contenidas en 30 páginas), sólo en el capítulo “comercio y desarrollo sustentable” se mencionaron los derechos humanos y únicamente aquellos circunscritos al ámbito económico tanto en México como en Europa (por ejemplo, el derecho a condiciones de trabajo justas, a la seguridad social o a un adecuado estándar de vida y de salud física y mental).

A la consulta respondieron 72 “partes interesadas”: de ellas sólo 10 fueron sindicatos y organizaciones no gubernamentales y un solo ciudadano. Las restantes fueron empresas de distintos tamaños.

Si nos guiamos por el contenido de dicha consulta, el acuerdo no añadirá nuevos elementos a su cláusula democrática, impresa en su primer artículo desde que entró en vigor y la cual hasta ahora ha sido papel mojado al no haber sido jamás evocada por la UE frente a la descomposición política y la comisión de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en el país.

El segundo hecho, que pasa de ser una anécdota. El 12 de junio del año pasado tuvo lugar en Bruselas la Cumbre México-UE, a la que asistió el presidente Peña Nieto. El borrador del comunicado conjunto elaborado por los europeos mencionaba el tema de los derechos humanos varias veces y una de ellas calificaba el respeto de tales derechos como un área prioritaria y “de vital interés para nuestros ciudadanos”.

Sorpresivamente, en la versión definitiva presentada tras los encuentros de Peña Nieto con los dirigentes europeos ese párrafo fue eliminado y reemplazado por otro que expresó “el deseo mutuo de comenzar la renegociación del acuerdo” este año. Otras tres referencias a los derechos humanos también fueron borradas del texto sin explicación alguna.

Se supone que los gobiernos de México y la UE disponen desde hace más de una década de un espacio de comunicación directa con las sociedades civiles de ambas partes para que éstas participen en las decisiones del acuerdo.

Ese espacio fue denominado “Foro de Diálogo entre la Sociedad Civil y las Instituciones del Gobierno de México y la UE”, y se efectuó en sedes alternas entre Bruselas y la Ciudad de México en 2002, 2005, 2008, 2010 y la más reciente en 2012, en la que se anunció que la siguiente reunión correspondía organizarse en 2014, lo cual no sucedió. En el gobierno de Peña Nieto no ha sido realizado ningún foro y, según ONG europeas consultadas, no han recibido convocatoria para uno próximo.

De cualquier modo, esos diálogos habían terminado por ser estériles. Desde el primer foro, la sociedad civil mexicana y europea propuso la creación de un Comité Consultivo Mixto, el cual institucionalizaría ese diálogo con los gobiernos y cuya base jurídica sería el artículo 49 del acuerdo sobre “comités especiales”.

También propusieron el establecimiento de un Observatorio Social que serviría “para monitorear y evaluar los alcances, resultados e impactos del acuerdo”, incluyendo los derechos humanos. Este actuaría en coadyuvancia con el Comité Consultivo Mixto, que reportaría al Consejo Conjunto, el máximo órgano de decisión del acuerdo compuesto por los gobiernos de ambas partes.

Las autoridades hicieron oídos sordos a esos proyectos y el gobierno del presidente Felipe Calderón prefirió apoyar la formación improvisada de un Comité Económico y Social los últimos días de su sexenio, pero éste fue desconocido por su contraparte europea (que no lo consideró representativo del conjunto de la sociedad civil mexicana pues faltaban los grandes sindicatos priistas y organismos empresariales) y tampoco al interior de las organizaciones mexicanas (insatisfechas con su composición).

El 25 de noviembre de 2012, durante la inauguración del V Foro, el activista belga Gerhard Karlshausen habló a nombre de las ONG europeas acerca del severo desgaste que dañaba ese mecanismo.

“Como redes europeas –dijo– participamos con mucho entusiasmo en la dinámica de los foros, por lo menos hasta el penúltimo que tuvo lugar en Bruselas hace 4 años. Pusimos, con nuestras contrapartes mexicanas, muchas esperanzas y muchos esfuerzos en esta dinámica (…)

“Desgraciadamente –prosiguió Karlshausen–, nos parece que desde entonces esta dinámica perdió fuerzas en nuestras redes: muy pocos europeos participaron en el último foro en México, y esto no solamente por razones financieras, sino también porque disminuyó la dinámica inicial de la sociedad civil europea respecto a México y a las relaciones UE- México. México es un país importante, miembro de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), pero que ocupa hoy un lugar menos significativo que antes en las agendas de muchas organizaciones de la sociedad civil europea”.

El gobierno mexicano y la UE, ambos, prolongaron demasiado tiempo un diálogo que, dado el actual secretismo que sostienen alrededor de la “modernización” del acuerdo, parecen no haber nunca deseado en el fondo.

*Esta columna Europafocus fue publicada el 16 de mayo de 2016 en el portal de la revista PROCESO-Lee aquí el texto original➜

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