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Gas “shale”: el poder del cabildeo trasnacional

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Eurodiputados contra el fracking ante el Parlamento Europeo. Foto: ecowatch.com

Desde Bruselas, Antoine Simon, integrante de la organización Friends of the Earth, advierte al gobierno mexicano sobre los daños que provoca la técnica de fracturación hidráulica de las rocas para extraer gas esquisto, al tiempo que denuncia la estrategia de cabildeo global de los conglomerados del ramo para doblar a los gobiernos y apoderarse de ese recurso. En entrevista con Proceso, el activista belga menciona dos estudios publicados recientemente por su agrupación, en los cuales se documenta la voracidad de las gaseras trasnacionales.

Artículo publicado en la edición del 9 de agosto de 2014 de la revista PROCESO como parte de un paquete informativo sobre la reforma energética de México

BRUSELAS.- Las trasnacionales petroleras despliegan una estrategia global cuyo propósito es ablandar las legislaciones de protección al medio ambiente para que los gobiernos les permitan extraer el gas de esquisto o gas shale mediante fracking (fracturación hidráulica de las rocas), una técnica que demanda grandes cantidades de agua y genera desechos tóxicos, los cuales contaminan los mantos freáticos.

Esos conglomerados ya actúan en Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y Argentina, y es probable su incursión en México a partir de la aprobación de la reforma energética, comenta a Proceso Antoine Simon, experto en industrias extractivas de la oficina de la organización Friends of the Earth (FoE-Europe) en esta capital.

“Es esencial que México se dote de una legislación que controle a esas petroleras desde el comienzo de sus actividades, y que cuente con recursos legales para poder perseguir ante los tribunales los daños medioambientales que produzca el fracking y forzar  a las empresas a pagar indemnizaciones”, recomienda.

La organización de Simon coordinó dos investigaciones en las cuales  exhibe las redes y los controvertidos métodos de cabildeo que las trasnacionales del gas de esquisto emplean para influir a favor de sus intereses tanto en las instituciones de la UE ubicadas en Bruselas como en el gobierno argentino. Los documentos, a los que tuvo acceso este semanario, fueron publicados en julio y mayo pasados, respectivamente.

“Para nuestra organización –puntualiza el activista–, la única medida aceptable es la prohibición del fracking, puesto que no hay salvaguardas legislativas que eviten los daños ambientales que causa.”

Simon propone aplicar medidas “intermedias” para mitigar tales impactos “inevitables”, entre éstos prohibir la “reinyección de las aguas de desechos químicos en los circuitos acuíferos que utilizan las poblaciones locales”, así como imponer la obligación de efectuar evaluaciones de impacto ambiental previos a cada proyecto para conocer los valores de calidad del aire y del agua antes de iniciar los trabajos de exploración.

Aclara también que en Estados Unidos no puede prohibirse la fracturación hidráulica, pues en 2005 el presidente George W. Bush y los representantes de la industria del gas y el petróleo suscribieron un acuerdo que exenta a las empresas del ramo de cumplir gran parte de las leyes ambientales.

De ahí que, continúa el entrevistado, no están obligadas a revelar los  químicos que utilizan para la fracturación, ni hacer pruebas de agua y aire del sector donde desarrollen sus actividades. “Cuando hay un accidente o una contaminación debido a sus operaciones, por ejemplo, no hay manera legal de probar el vínculo causa y efecto”, dice Simon.

Ejército de cabilderos

El reporte de FoE-Europe sobre Europa muestra que las más poderosas petroleras y gaseras del mundo se reagrupan a través de federaciones de cabildeo como BusinessEurope (la principal organización patronal del continente), The International Oil & Gas Producers Association (OGP) o Shale Gas Europe, a las que pertenecen la estadunidense Chevron, la francesa Total, la británica BP, la anglo-holandesa Shell, la noruega Statoil y la rusa Lukoil.

Una acción ilustrativa de esa práctica ocurrió a mediados de 2013, cuando varios diputados del Partido Popular Europeo votaron contra la obligación de realizar una evaluación de impacto ambiental antes de la fase de exploración del gas de esquisto, y también contra una enmienda que  exigía que ese tipo de reportes los elaboren expertos independientes y no las propias empresas.

Simon relata que a ese esquema de cabildeo de las petroleras se unen empresas abastecedoras de maquinaria y tecnología de fracking, principalmente la estadunidense Halliburton, así como grupos del sector de la petroquímica cuyos productos se usan para provocar las fisuras del subsuelo propias del proceso de fracturación.

El Consejo Europeo de la Industria Química (CEFIC, por sus siglas en francés), la más influyente de la región en el ramo, envió dos comunicaciones (el 4 de marzo de 2013 y el 23 de enero último) en las que advirtió a la Comisión Europea: “Si fracasa la promoción del gas shale en Europa, la industria se mudará a Estados Unidos o Medio Oriente”.

El reporte de FoE-Europe identifica otros actores centrales que promueven los intereses del sector: la Cámara de Comercio estadunidense en la UE, y el European Energy Forum, un espacio informal de “debate” entre compañías del ramo petrolero y gasero y eurodiputados. En el marco de ese foro, Shell pagó en octubre pasado un viaje de varios legisladores de la UE para que visitaran algunos pozos de gas shale en Estados Unidos y tratar de persuadirlos sobre las bondades del fracking.

“Pensamos que esa red de grupos industriales implicados en el negocio del gas de esquisto a nivel europeo se coordina también en otros continentes. En Argentina observamos plataformas similares, y las mismas trasnacionales –Shell, Total y Chevron– despliegan sus actividades en colaboración con Halliburton”, señala Simon.

Más aún, las trasnacionales productoras de gas shale contratan onerosos servicios de despachos de abogados y de agencias internacionales de comunicación y relaciones públicas, en las que suelen trabajar exfuncionarios de la Comisión Europea.

El año pasado, mientras la comisión realizaba una evaluación de impacto para saber si era necesario adaptar su legislación medioambiental a las especificidades del gas de esquisto, uno de los funcionarios a cargo del estudio dejó su puesto y llevó el proyecto de legislación a una firma privada que lo contrató y que hoy cabildea a favor del sector. FoE-Europe obtuvo las informaciones sobre ese caso, pero no el nombre del aludido.

“La mitad de las empresas más ricas del planeta son las petroleras y gaseras –comenta el entrevistado–. Es enorme la cantidad de dinero que pueden gastar para hacerse escuchar.”

Durante 2013, según documentos obtenidos por la organización gracias a la ley de acceso a la información, los cabilderos empleados por la industria del gas de esquisto sostuvieron por lo menos 67 reuniones con altos funcionarios de las direcciones generales de Medio Ambiente, Energía, Empresa e Industria, y de Comercio de la Comisión Europea con un propósito definido: evitar nuevas regulaciones sobre el fracking.

En contraste, los representantes de FoE-Europe, Food & Water Watch-Europe, WWF y otras organizaciones civiles anti fracking sólo fueron recibidos en seis ocasiones.

El caso argentino

El desarrollo del negocio del gas shale en Argentina –donde en 2012 finalizó el proceso de renacionalización parcial de la petrolera nacional Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), comprada por la española Repsol en los noventa– “está vinculado a una serie de reformas que han restringido la consulta pública y la participación popular sobre los proyectos, coincidiendo con daños al medio ambiente y con violaciones a los derechos colectivos de las comunidades indígenas”, indica el reporte de FoE-Europe.

La Agencia de Información Energética de Estados Unidos (USEIA, por sus siglas en inglés) calificó el año pasado a Argentina como una potencia global en yacimientos de gas de esquisto;  consideró también a la cuenca de Vaca Muerta como la de mayor potencial fuera de Norteamérica.

El incremento en los precios del gas, la obtención de subsidios y exenciones fiscales, la reducción en el porcentaje de ganancias del Estado y la extensión de los términos de concesión (35 años en lugar de los 25 que dicta la ley) son algunas de las ventajas que a fuerza de cabildeo el gobierno argentino adjudicó a la industria del gas shale con el llamado Decreto Nacional 929 sobre combustibles no convencionales, en vigor desde julio de 2013.

La intervención del Estado argentino en la industria petrolera, señala el reporte de FoE-Europe, no limitó las ambiciones de los inversionistas extranjeros en el sector; por el contrario, “les abrió las puertas”.

Uno de los contratos más opacos es el que firmó la propia YPF con Chevron. Sin consultar a la población indígena local y ocultando información a las autoridades federal y regional, ambas petroleras explotarán mil 562 plataformas de gas de esquisto, cada una de las cuales tiene entre dos y cuatro pozos.

“A causa de los vacíos legales, Shell, Chevron y Total efectúan operaciones de exploración de gas de esquisto en zonas naturales protegidas. Y las poblaciones locales no son informadas ni prevenidas”, afirma Simon.

Relata que dos funcionarios del Departamento de Áreas Protegidas Naturales, responsables de elaborar los reportes sobre el impacto ambiental que genera la exploración y explotación del gas shale, les informaron que su trabajo es ignorado por las autoridades de su país porque presentan conclusiones desfavorables a esas actividades.

La francesa Total, subraya el informe, ha obtenido varios permisos a pesar de la recomendación en contra de ese departamento.

“Ese escenario puede fácilmente repetirse en México”, advierte Simon.

Motivados por esa preocupación, los integrantes de FoE-Europa realizan un análisis sobre las redes de intereses que mueven a la industria del gas de esquisto en México y el peligro que pende sobre áreas protegidas.

Fracasos

Sobre la situación de la industria en Estados Unidos, donde 20% del gas natural que se consume actualmente es de esquisto –cifra que en los próximos años podría aumentar a 50%–, según estima un documento de la Alianza Mexicana Contra el Fracking, conformada por 17 organizaciones y coaliciones de organizaciones no gubernamentales como Greenpeace, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua o Food & Water Watch, Simon responde:

“En Estados Unidos cinco de las seis cuencas más grandes de producción de gas de esquisto están en declive. La promesa del presidente Barack Obama de que ese gas podría abastecer al país durante 100 años es un verdadero fracaso.”

Refiere también que “la mayoría de los expertos en el sector afirman que su producción global comenzará a declinar en 2017 o 2018 en aquel país”, y asegura que los operadores petroleros y gaseros “están perdiendo muchísimo dinero, pues el precio del gas ha alcanzado un nivel tan bajo que esas empresas no generan beneficios”.

Lo anterior, refiere Simon, ha obligado a los grupos petroleros a reducir el valor de su portafolio en ese negocio. Pero la decepción económica no termina ahí. Polonia, miembro de la UE, se quiso presentar hace unos años como el precursor de la nueva bonanza de gas de esquisto y puso en vigor un régimen legislativo muy favorable a la industria con tal de promover un rápido desarrollo.

“Las estimaciones de la USEIA aseveraban que Polonia poseía el más fuerte potencial en Europa para el sector. Pero después de tres años de exploración, las gaseras sólo fueron capaces de excavar 60 pozos; ninguno  suficientemente productivo para ser rentable”, remata el activista.

Se calcula que en Estados Unidos un pozo reduce su capacidad de producción entre 60 y 85% en un año. “Es por eso que las empresas necesitan excavar más cada año, no sólo para aumentar su producción sino para compensar la caída de aquellos pozos que acaban de excavar”, expone Simon.

Y agrega: “A eso se debe la explosión en el número de pozos. Se estima que en Estados Unidos se perforan 30 mil nuevos pozos cada año. Hace falta una estricta vigilancia gubernamental y en ese país hay un inspector por cada 2 mil pozos. También en eso deberá pensarse en México: si cuenta con los recursos necesarios para vigilar correctamente que las petroleras cumplan con los más altos estándares industriales en el sector”.

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