Europa: el ataque de los “fondos buitres”

BRUSELAS (apro).- Mientras los ciudadanos griegos y chipriotas sufren aún los dramáticos efectos de la crisis económica y financiera en que se hundieron sus países, fondos de inversión y firmas de abogados sin escrúpulos han logrado sacar beneficios, amparados en los tratados bilaterales de protección de inversiones ratificados por Grecia y Chipre.

La actuación en esos países europeos con los “fondos buitres” –así llamados por que a través de la especulación compran a precio basura bonos de deuda pública de economías al borde de la quiebra para luego pelear que sean pagados al 100% de su valor nominal– “son un claro ejemplo de cómo los inversionistas tratan de que las pérdidas sean socializadas y que los beneficios permanezcan en manos privadas”, expone un informe titulado Beneficiándose de la crisis: cómo los corporativos financieros y los despachos de abogados están recogiendo beneficios de las crisis en los países europeos.

[pullquote]Artículo publicado el 28 de marzo de 2014 en la sección Prisma Internacional de la Agencia PROCESO[/pullquote]

El informe, de 48 páginas, fue publicado en marzo por las organizaciones no gubernamentales Transnational Institute y Corporate Europe Observatory, con sede en Ámsterdam y Bruselas, respectivamente.

Elaborado por las investigadoras Cecilia Olivet y Pia Eberhardt, el documento denuncia el comportamiento de tales fondos de riesgo que, como lo describe en su primer capítulo, comenzaron a operar en el marco de los tratados de protección de inversiones que firmaron México, Canadá y Estados Unidos como parte del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte.

El informe explica que Grecia atrajo tales “fondos buitres” cuando en los mercados se comenzó a extender el temor de que el país no pudiera hacer frente a sus pagos de deuda soberana a causa de un elevado déficit presupuestal público. Entre 2011 y 2012 los bonos griegos se vendieron en promedio a la mitad de su valor nominal, lo que aprovecharon los fondos especulativos para adquirir a precio de remate un monto de 50 mil millones de euros de la deuda griega, de acuerdo con un reportaje de la revista alemana Der Spiegel que cita el informe.

En diciembre de 2009 la deuda soberana griega había alcanzado 113% de su Producto Interno Bruto (PIB), lo que significaba casi el doble del límite permitido en los países de la zona euro, que es 60%. Actualmente representa alrededor de 170% de su PIB.

El informe responsabiliza de ese endeudamiento no sólo al gobierno griego, por haberse excedido durante años en su gasto público –principalmente sobrecargado por un alto presupuesto militar y el enorme costo de las Olimpiadas de Atenas de 2004–, sino también a los grandes fondos de inversión como Goldman Sachs, que ayudaron a ocultar la deuda, y a varios países europeos, especialmente Alemania, que no intervino para impedir a sus propios bancos que siguieran prestando montos crecientes a Grecia.

Las agencias calificadoras degradaron la nota de la deuda griega; sin embargo, puntualiza el informe, en ese momento no había señales de peligro financiero en el sistema bancario del país, lo cual no impidió que de inmediato huyeran considerables cantidades de capital, siguiendo un “ataque masivo especulativo” sobre los bonos de gobierno griegos.

A raíz de la posterior crisis en que se sumergió el país, la llamada Troika –conformada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional– concedió a Grecia un préstamo de rescate de 240 mil millones de euros, condicionado a la ejecución de un plan masivo de privatización y un paquete de austeridad que afectó pensiones, educación, servicios de salud y compañías estatales. Otra condición fue una reestructuración de la deuda.

En lugar de renegociar su deuda para repartir la carga entre los acreedores de forma más uniforme, el gobierno griego, obligado por la Troika, aprobó en febrero de 2012 la Ley de Acreedores, que forzó a los inversionistas a aceptar el canje de bonos mucho más baratos, pero favoreciendo a los acreedores extranjeros más grandes, indica el informe.

Los nuevos bonos valían menos que su precio nominal, pero mucho más que su valor de mercado en ese momento, refiere el informe, y precisa que, por esa razón, muchos analistas consideran que los acreedores privados de Grecia fueron “muy afortunados”, además de que 49% del préstamo otorgado al país por la Troika fue a dar a esos mismos bancos por concepto de “asistencia financiera” que sus expertos ofrecieron a las autoridades nacionales.

Industria de arbitraje

Tan favorable reestructuración no bastó a Postova Bank, una institución financiera eslovaca que compró bonos soberanos griegos a principios de 2010, cuando las agencias de crédito ya habían alertado sobre el riesgo de una moratoria y que su valor había sido degradado.

Desde mediados de 2009, recuerda el reporte, la calificación de tales bonos había comenzado a declinar, y en abril de 2010 la calificadora Standard & Poor’s los había catalogado como “basura”. Pero Postova Bank seguía adquiriéndolos, mientras que la mayoría buscaba deshacerse de ellos.

El informe relata que en medio de la inestabilidad financiera griega, despachos internacionales de abogados como el estadunidense Milbank, el holandés De Braw o el británico Linklaters estaban aconsejando a los corporativos acreedores demandar al gobierno de Atenas por la caída del valor de los bonos.

En el caso de Chipre, las firmas estadunidenses de abogados DLA Piper, Debevoise & Plimpton y Morgan Lewis ofrecían sus servicios ante “potenciales recursos legales por pérdida de inversiones” y sugerían la exigencia de un arbitraje internacional, menciona el informe, que acusa la existencia de una verdadera “industria del arbitraje”.

Los costos legales de una disputa parecida oscilan entre ocho y 30 millones de dólares. Los despachos más prestigiados cobran mil dólares la hora de trabajo de uno de sus especialistas. Los llamados árbitros, que son los abogados privados que emplean tribunales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (ICSID, por sus siglas en inglés), cobran 3 mil dólares por día laboral, según datos que proporciona el informe.

El documento recrimina que tales abogados jueguen múltiples papeles: como “consejeros” pueden representar en el litigio a ambas partes, pero también son autorizados a fungir como “árbitros” y fallar sobre los casos. Ellos mismos son contratados por los gobiernos para asesorarlos en la redacción de los tratados de inversión, pero igualmente aconsejan a las empresas acerca de la mejor manera de acceder a los procedimientos de arbitraje que permiten esos tratados, como canalizar inversiones a través de una compañía subsidiaria ubicada en un país con muchos tratados bilaterales de protección.

“Esos abogados viven de las disputas. Han creado monstruos como el actual régimen de arbitraje de inversiones y lo impulsan para generarse trabajo ellos mismos como abogados consejeros y árbitros. Sinceramente, si no fuera por esos abogados, el sistema de arbitraje no existiría como hoy en día”, afirma en el reporte Nathalie Bernasconi-Osterwalder, experta en la materia del International Institute on Sustainable Development, un centro canadiense de investigación.

El despacho Debevoise & Plimpton, que durante 2012 y 2013 interpuso 15 juicios relacionados con tratados bilaterales de inversión, y cuyo ingreso bruto en 2012 se elevó a 675 millones de dólares, actúa como consejero del Postova Bank. Tal institución bancaria rechazó el acuerdo de reestructuración de la deuda griega y, en mayo de 2013, su casa matriz en Eslovaquia y su sucursal Istro Kapital, ubicada en otro país en crisis, Chipre, demandaron al gobierno griego ante el ICSID, un tribunal del Banco Mundial con sede en Washington.

El banco eslovaco amparó su queja en los tratados bilaterales de inversiones firmados por Grecia con Eslovaquia y Chipre, y que lo protegen de las pérdidas de operaciones riesgosas, incluso aquellas de carácter especulativo sobre deudas públicas. El documento acusa que tales tratados permiten al banco demandar a Grecia inclusive por medidas que fueron impuestas por la Troika y no por el gobierno.

Cabe decir que la validez de ese tipo de acuerdos firmados entre países de la Unión Europea ha sido cuestionada por la Comisión Europea, señala el informe.

Los fondos de inversión Dart Management y Elliot Associates también rechazaron la reestructuración y amenazaron al gobierno griego con llevarlo ante un tribunal estadunidense si no pagaba los 436 millones de euros que les debía según el precio original de los bonos, señala el informe. Recalca que el corporativo financiero con base en Nueva York, Greylock Capital, en 2012 calificó como “negocio del año” la compra de deuda griega, pues un bono de un dólar costaba entre 19 y 25 centavos, en tanto que la firma Japonica Partners intentó en 2013 adquirir 3 mil millones de euros de la misma deuda, argumentando que era “una gran inversión”.

El informe refiere que los “fondos buitres” retuvieron en total 6 mil 400 millones de la deuda griega y advirtieron que recurrirían a los tribunales internacionales. Grecia, en medio de una fuerte inestabilidad política y sin gobierno, no quiso entrar en una batalla legal y decidió pagarles en mayo de 2012. Dart Management cobró 90% del monto que exigía.

Compensación

El informe europeo expone que durante años la economía de Chipre permaneció “inflada” gracias a un sistema financiero “insostenible”, cuyos activos representaban ocho veces el PIB del país. Una parte importante de tales activos correspondía a bonos de deuda griega, cuya reestructuración derivó en un fuerte quebranto para el Laiki Bank y el Banco de Chipre.

En abril de 2013 la Troika otorgó un préstamo a Chipre para salvarla de la bancarrota. Una de las medidas exigidas fue el desmantelamiento del Laiki Bank: el Estado tomó 84% de las acciones y asignó un nuevo consejo de dirección. El principal afectado fue Marfin Investment Group (MIG), una firma privada griega que en 2006 adquirió la propiedad mayoritaria del banco.

El grupo Marfin es aconsejado en su demanda contra el gobierno chipriota por la firma legal británica Freshfields Bruckhaus Deringer, dominante en el mercado del arbitraje internacional en casos de protección de inversiones, con 47 procesos de ese tipo en curso durante 2012 y 2013 y 53 más en etapa de asesoría. En 2012 facturó casi 2 mil millones de dólares en ingresos brutos, según datos que aporta el informe.

El mismo narra que MIG fue la responsable de lanzar la expansión internacional del banco, que incluyó la compra de bonos griegos, aunque ello significara incrementar su vulnerabilidad a impactos externos. Peor aún, al asumir la dirección de Laiki Bank, el gobierno de Chipre descubrió una serie de prácticas irregulares de préstamo, casos de conflicto de interés y una situación financiera insostenible.

De cualquier forma, prosigue el informe, MIG decidió demandar al gobierno de Chipre por no haber obtenido los beneficios esperados. Así, en enero de 2013 presentó una notificación de disputa contra Chipre por una presunta violación del tratado bilateral de inversiones que signó con Grecia. Exigió que le fuera devuelta la propiedad del Laiki Bank o, en caso contrario, que le fuera otorgada una compensación de 823 millones de euros para resarcir las inversiones que habría perdido. Otros 20 “fondos buitres” de inversión se unieron a la querella y exigieron una indemnización de 229 millones de euros por el mismo motivo.

Como lo muestra el caso de Argentina, cuyo gobierno enfrenta 55 procesos legales por las medidas tomadas durante la crisis de 2001-2002, más demandas como las anteriores podrían interponerse en los próximos años contra Grecia y Chipre, que cuentan con 39 y 20 tratados bilaterales de protección de inversiones, respectivamente, considera el informe.

Por otro lado, agrega, a pesar de que Rusia y Chipre no han ratificado un acuerdo de 1997, los ciudadanos rusos, cuyos depósitos en el Laiki Bank se elevaban a 20 mil millones de euros, podrían recurrir a otros tratados para conseguir la reparación.

“Los casos contra Grecia y Chipre parecen más injustos cuando se considera que las demandantes son compañías europeas que están utilizando tratados de inversiones firmados por Estados miembros de la Unión Europea. Estos tratados intra-europeos de protección de inversiones tiran por la borda la idea de una Unión Europea con igualdad jurídica para todos sus miembros”, denuncia el reporte.

Prosigue:

“El hecho de que estos tratados existan entre Estados miembros de la Unión Europea significa que algunos inversionistas europeos cuentan con mayores derechos que otros. También quiere decir que la Corte Europea de Justicia, la institución creada para garantizar que las leyes de la Unión Europea sean aplicadas equitativamente en todos los Estados miembros, está siendo pasada por alto y, en su lugar, tres individuos a título privado (los árbitros) son los que deben pronunciarse en litigios intra-europeos sobre una base a la medida”.

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