Grecia: racismo policiaco

BRUSELAS (apro).- Un día de febrero pasado, alrededor de las cinco de la tarde, un joven de 19 años, originario de Guinea, viajaba en un autobús a la altura de la Plaza Amerikis, en el centro de Atenas.

El muchacho tenía un permiso de residencia temporal en Grecia, pues su solicitud para obtener asilo político estaba en trámite en la administración pública. En el autobús había al menos siete personas de raza negra y dos asiáticos.

(Artículo publicado el 16 de agosto de 2013 en la sección Prisma Internacional de la Agencia PROCESO)

Un grupo de agentes de policía vestidos de civil subió a la unidad y a gritos ordenó: “¡Todos los negros para afuera! ¡Todos los negros para afuera!”. Los demás pasajeros, todos ellos griegos, aplaudieron a los policías para mostrarles apoyo.

“Yo tenía entendido que la policía gozaba del derecho de pedirte dentro de un autobús tus papeles de identidad o tu boleto de transporte (…) Pienso que lo sucedido nos remontó a tiempos pasados, a la época de la esclavitud”, señaló el joven a la organización Human Rights Watch (HRW).

Una experiencia similar vivió Lamine Kaba, un hombre de 41 años, también proveniente de Guinea, quien reside en Grecia desde 1998 con su esposa, del mismo país. En diciembre de 2012 fue detenido por policías sin uniforme cuando iba de regreso a su casa en un autobús.

Relató: “Iba de Omonia a la Plaza Amerikis. En la calle Agiou Meletiou estaba yo sentado y vi subirse a un joven y dirigirse directamente hacia mí. Me dijo: ‘Tus documentos’. Le respondí: ‘¿Soy el único que viste en el autobús? ¿Quién eres tú?’. Sacó su credencial y me dijo: ‘Policía’. Le pregunté entonces por qué sólo yo era detenido. Sentí que era señalado únicamente por mi aspecto físico. Era evidentemente una cuestión del color de mi piel”.

Días después, Lamine fue nuevamente detenido por un grupo de siete policías uniformados y uno vestido de civil cuando se dirigía a su trabajo, también en autobús. A la altura de la Plaza Kannigos, todos los pasajeros fueron obligados a bajar. Conforme iban descendiendo de la unidad, los policías ordenaron a algunas personas que se detuvieran y se sentaran a un lado. Lamine aseguró que los agentes los seleccionaban por su color de piel o su origen geográfico, ya que los afectados resultaron ser un paquistaní y varios africanos.

Ambas narraciones fueron recogidas por HRW en su reporte “Invitados no bienvenidos: Abusos de la policía griega contra los migrantes en Atenas”, publicado en junio pasado.

Dicho reporte se centra en las violaciones a los derechos humanos de los migrantes cometidas por la policía dentro de la llamada Operación Xenios Zeus (por el nombre del dios griego de la hospitalidad), que arrancó a principios de agosto de 2012 y cuya principal táctica es utilizar las amplias atribuciones de las que disponen en Grecia las fuerzas del orden para realizar controles de identidad de individuos presumiblemente en estatus de ilegalidad.

En Grecia, un país sumido en la crisis económica y el ascenso institucional de la extrema derecha, tales controles ya eran anteriormente numerosos, pero de acuerdo con las propias cifras oficiales, éstos se intensificaron con la entrada de la Operación Xenios Zeus. Entre el 4 de agosto de 2012 y el 22 de febrero de 2013, la policía detuvo a casi 85 mil personas de origen extranjero en las calles de Atenas y las condujo a estaciones de policía para verificar sus documentos de identidad y su condición legal.

La misma fuente oficial revela que de ese total de sujetos detenidos, únicamente 4 mil 811, es decir apenas 6%, residían clandestinamente en Grecia.

“En un país notorio por su disfuncional sistema de asilo, sus condiciones de detención de migrantes son inhumanas y degradantes, y el abuso de la ley y la intensificación de los controles policiacos para identificar migrantes irregulares en el centro de Atenas despertó preocupaciones de inmediato”, expone el reporte de HRW, cuya copia obtuvo Apro.

Recuerda que el 8 de agosto de 2012, cuando 6 mil personas ya habían sido controladas, HRW emitió un comunicado de prensa en el que urgió a las autoridades griegas “evitar la discriminación basada en raza o etnia, las detenciones arbitrarias y los tratos inhumanos y degradantes”.

 

“Grupos vigilantes”

Desde 2000 Grecia es la principal puerta de entrada a la Unión Europea (UE) de inmigrantes ilegales y solicitantes de asilo político provenientes de África y Asia.

Según Frontex –la agencia fronteriza de la UE–, 67% de los cruces ilegales hacia la UE se dan a través de Grecia, y de acuerdo con las autoridades de ese país, sobre su territorio viven cerca de un millón de indocumentados.

La crisis económica y política que atraviesa el país convirtió el tema de la migración, vinculada con el alza de la inseguridad y la criminalidad, en una prioridad de las campañas para las elecciones de junio de 2012, en las que se encumbró el partido racista Amanecer Dorado, que por primera vez en su historia pudo entrar al Parlamento al obtener 18 escaños.

Entre agosto de 2009 y mayo de 2012 HRW documentó 51 ataques graves contra migrantes cometidos por “grupos vigilantes”, y entre octubre de 2011 y diciembre de 2012 un colectivo de organizaciones no gubernamentales coordinadas por Naciones Unidas registró 217 incidentes racistas, que hasta junio pasado no habían llevado a ningún culpable ante la justicia.

Durante la campaña electoral, el actual primer ministro griego, Antonis Samaras, señaló: “Grecia se ha convertido hoy en un centro de inmigrantes ilegales. Los griegos debemos recuperar nuestras ciudades, donde el comercio ilegal de drogas, la prostitución y el contrabando de mercancías se ha desarrollado enormemente”. Poco después de ganar las elecciones, Samaras puso en funciones la Operación Xenios Zeus.

Para su reporte, HRW entrevistó a 44 personas que habían sido sujetas a por lo menos un chequeo de identidad tras el comienzo, en agosto de 2012, de la Operación Xenios Zeus. De ese número, 35 personas tenían derecho a estar en el país cuando fueron detenidas, pues eran residentes extranjeros legales o griegos de origen extranjero, o bien la administración analizaba darles o no el asilo político y les había otorgado un permiso temporal de estancia.

“Las historias que escuchamos confirmaron nuestras primeras preocupaciones acerca de la operación”, afirma el reporte, y agrega que “muchos residentes legales y en trámite de asilo político nos dijeron que habían sido detenidos en la calle por policías, confinados en camiones policiacos y retenidos por más de cinco horas en comisarías o en instalaciones de la División de Policía para Extranjeros”. Uno de sus entrevistados incluso permaneció 10 horas en detención.

Las autoridades griegas, indica el reporte, argumentan que ese procedimiento es necesario para poder identificar documentos robados y para verificar otros que son presentados en fotocopias, ya que no cuentan con suficiente capacidad o el equipo adecuado para realizar esas verificaciones en la vía pública.

Sin embargo, “las autoridades han fallado en tomar  las medidas requeridas para poder verificar los documentos en la calle, que incluyan recursos técnicos que permitan a la policía el chequeo a distancia”, acusa HRW, que reseña un caso ilustrativo sobre las consecuencias de estos hechos.

El pasado 2 de abril, Alí, un padre de familia de nacionalidad afgana, salió con sus dos hijos, una niña de 12 años y un niño de ocho, a pasar un día de picnic. El hombre contaba con un permiso de residencia temporal como solicitante de asilo político. En el metro Attica los tres fueron detenidos por policías.

Un agente capturó a Alí. Los menores explicaron a los policías que él era su padre y que disponía de una tarjeta rosa (de solicitante de asilo político registrado y, por tanto, con permiso de estancia de las autoridades griegas). Uno de los policías dijo a los menores que llevarían a su padre a la comisaría de Allodapon para verificar sus documentos y que después lo soltarían. El policía le ordenó a Alí que enviara a sus hijos a la casa. El hombre le informó que vivían en las afueras de Atenas, en Piraeus, y que los niños no podrían irse solos. El policía respondió: “No nos importa, diles que se vayan”.

El reporte narra que Alí decidió llevar con él a la comisaría a sus angustiados hijos, pero ya en el lugar lo separaron de ellos y de otros 55 presuntos inmigrantes ilegales que la policía había detenido en el mismo operativo. Cinco horas después Alí y sus hijos fueron dejados en libertad, sólo porque una organización no gubernamental intervino a su favor, precisa HRW.

 

Condena internacional

Las estadísticas de la policía no contabilizan los controles de identidad de transeúntes que de inmediato continúan con su camino, por lo que HRW teme que la tasa real de detección de inmigrantes ilegales de la Operación Xenios Zeus sea incluso más baja que 6% del total de los individuos detenidos para su control de estatus legal.

La mayoría de los entrevistados para el reporte expresaron su sentimiento de haber sido detenidos sólo a causa de sus características físicas que los mostraban como miembros de una raza o etnia.

La existencia de este tipo de operativos en Atenas provocó que la propia embajada de Estados Unidos en Grecia tomara la inédita decisión de alertar a sus connacionales que visitan ese país sobre “reportes confirmados de la detención de ciudadanos estadunidenses de origen afro-americano por parte de policías que realizan operativos para aprehender a inmigrantes ilegales en Atenas”.

En enero de este año fue revelado públicamente el caso de un estadunidense de origen nigeriano que fue detenido y esposado por la policía en julio de 2012 en el marco de un control de inmigración. El afectado denunció que los policías lo habían golpeado cuando él trato de tomar una fotografía de sus manos esposadas con su teléfono móvil.

HRW refiere que el derecho a la libertad y la seguridad de las personas es un principio angular de la protección internacional de los derechos del hombre, por lo que cualquier privación de la libertad ejercida por las autoridades debe estar acorde con la ley, no ser discriminatoria y no conducir a la comisión de arbitrariedades.

El gobierno griego considera que las detenciones derivadas de los controles de identidad son restricciones justificables a la libertad de movimiento, señala el reporte, pero HRW –agrega– estima que “la detención masiva de extranjeros durante horas con el propósito de verificar su estatus legal conlleva a una privación de la libertad arbitraria”.

Asimismo, recuerda que en enero pasado el Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias advirtió, luego de una visita a Grecia, que “cualquier detención sobre una base discriminatoria constituye una detención arbitraria y, más aún, que cualquier detención sin base legal también es arbitraria”.

En abril pasado, el Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, emitió un reporte muy crítico tras su visita a Grecia en enero de 2013, que entre otros puntos urgía a las autoridades del país “a poner fin al uso de métodos de identificación de objetivos por su perfil étnico por parte de la policía, ampliamente utilizados como parte de la operación policiaca Xenios Zeus”, relata HRW.

No obstante todas las expresiones de inquietud, la policía griega afirma que tan polémica operación ha resultado un éxito, pues bajaron las tasas de criminalidad, se incrementó el tráfico peatonal en el centro de Atenas y obtuvieron registros más precisos sobre los inmigrantes que viven en la capital griega, dice el reporte, que recoge algunas cifras de la policía: respecto de los primeros cuatro meses de 2012 (antes de la Operación Zeus), el mismo periodo de 2013 mostró que los atracos habían bajado 14.38% y los robos 24.39% en la zona céntrica de Attica.

“Sin embargo, no está claro –señala HRW– si tales resultados positivos se deben a los chequeos de identidad indiscriminados o a una mayor eficiencia policiaca de la actual conducta criminal en Atenas”, aunque, remarca, dentro de la Operación Xenios Zeus la policía solamente arrestó a 59 personas, nacionales y extranjeros, por delitos tales como posesión ilegal de armas y drogas, entre el 4 de agosto de 2012 y el 6 de febrero de 2013.

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