ACTUALIZACIÓN: Visita controlada

Durante la visita que en noviembre pasado hizo a la Ciudad de México y a Oaxaca la delegación para México del Parlamento Europeo, funcionarios del gobierno calderonista manipularon la agenda del grupo de legisladores europeos para que no se reunieran con ninguna ONG. Así lo señaló Susana Nistal, de la organización PBI, quien sostiene que se trató de una gira “a modo” para que los eurodiputados no pudieran percatarse de hasta qué punto se ha deteriorado en México el respeto a los derechos humanos.

(Artículo publicado en la edición del 24 de Diciembre de 2011 de la revista PROCESO)

(LEER POSTERIORMENTE CARTA DE PBI MÉXICO Y RESPUESTA DEL REPORTERO)

BRUSELAS.- A pesar del creciente clima de violencia contra activistas de derechos humanos en México, la delegación para este país del Parlamento Europeo –que preside el eurodiputado español Ricardo Cortés Lastra– se rehusó a reunirse con ellos durante la visita que realizó a este país del 24 al 28 de noviembre pasado durante la reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-México.

Así lo dio a conocer la organización Brigadas Internacionales de Paz (PBI, por sus siglas en inglés), creada en 1981, con sede en Londres y que desde 1999 opera en México con oficinas en el Distrito Federal, Oaxaca y Guerrero. Sus miembros “acompañan” a defensores de derechos humanos que son amenazados o que corren algún riesgo por su activismo. De esta manera les brindan una especie de “protección internacional”.

En carta enviada el miércoles 7 de diciembre a integrantes del Parlamento Europeo, la representante del Proyecto México de PBI, Susana Nistal, plantea que su organización está preocupada por la violencia ejercida contra los defensores de derechos humanos en México y por la lentitud con la que marcha el diálogo con las autoridades para crear un mecanismo legal que los proteja de agresiones.

La guerra contra el crimen organizado y la inseguridad, plantea PBI, fueron algunos de los temas de trabajo del grupo parlamentario. Además se programó un encuentro con el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, para revisar los avances en las investigaciones del caso de Jyri Jaakkola, el activista finlandés asesinado por paramilitares el 27 de abril de 2010 en las inmediaciones de San Juan Copala.

Cuando PBI preguntó a las autoridades mexicanas y europeas si era posible organizar una cita con los defensores de derechos humanos, señala Nistal en su misiva, éstas respondieron que “el tema de los derechos humanos no formaba parte de la agenda” de trabajo de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México.

Nistal lamenta que en los últimos años la delegación para México del Parlamento Europeo “no haya sostenido ningún encuentro con ONG mexicanas durante sus visitas al país, a pesar del rápido deterioro de la situación de los derechos humanos”.

Marcaje diplomático

Los miembros de la delegación para México del Parlamento Europeo que viajaron al país provienen de los dos grupos mayoritarios: del Partido Popular Europeo (PPE) y de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (APSD).

Son Santiago Fisas Ayxela, Teresa Jiménez Becerril, Verónica Lope Fontagne (del grupo del PPE), Edite Estela, Enrique Guerrero, Emilio Menéndez del Valle, Gianluca Susta y el presidente de la delegación, Ricardo Cortés Lastra (del grupo de la APSD). Salvo Estela y Susta, de nacionalidades portuguesa e italiana, respectivamente, los demás son españoles.

El itinerario de los eurodiputados fue elaborado por el gobierno mexicano, tal como le toca al Parlamento Europeo preparar el viaje de los legisladores mexicanos cuando el encuentro de la Comisión Parlamentaria Mixta ocurre en Europa.

Así, el pasado 25 de noviembre comenzó la reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México en la sede del Senado en la Ciudad de México.

El día 26 los eurodiputados viajaron a Hidalgo, donde el gobernador de la entidad, Francisco Olvera, entregó a Cortés Lastra –en un evento social al que acudieron la clase política y los empresarios locales– una “carta de intención de relaciones e intercambio” entre la UE y su estado.

Al día siguiente los eurodiputados volaron en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana a la ciudad de Oaxaca. Ahí, Cué les preparó un coctel de bienvenida en la casa de gobierno y un paseo turístico por el Centro Histórico.

El último día, el lunes 28, los diputados europeos viajaron a Tlaxcala para reunirse con el gobernador Mariano González. En ese encuentro, Cortés Lastra expresó –según el sitio en internet de Comunicación Social del gobierno estatal– que la delegación europea se había “enriquecido mucho al conocer la realidad social, cultural y económica de México”.

Durante su estancia en el país los integrantes del Parlamento Europeo estuvieron acompañados de manera permanente por la jefa de la misión mexicana ante la UE, Sandra Fuentes-Beráin, quien incluso tomó con ellos el vuelo en la aeronave que puso a su disposición el gobierno de Felipe Calderón.

A Cortés Lastra se le preguntó si no considera que aceptar esos privilegios comprometía su libertad de pensamiento o su percepción respecto del gobierno mexicano y de la situación en México. “De ninguna manera”, respondió.

Sólo promesas

El jueves 8 se realizó en el Parlamento Europeo la reunión trimestral de la delegación para México, que estuvo dedicada al tema de los derechos humanos. Cortés Lastra agradeció ante todo “la gran generosidad” mostrada por las autoridades en su viaje a México. En la sala de reunión estaba presente Alejandro Sousa, responsable de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la embajada mexicana en Bélgica.

El eurodiputado español invitó a la reunión a dos funcionarios del gobierno calderonista: Gustavo Salas, fiscal especial para la atención de delitos contra periodistas, dependiente de la PGR, y Dilcya García, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Salas expuso que el gobierno de Calderón reiteraba “su pleno compromiso de garantizar la viabilidad, el pleno ejercicio e independencia del derecho a la libertad de expresión y al periodismo en México”. Ensalzó las acciones oficiales para supuestamente garantizar esos derechos y presentó una evaluación muy optimista del desempeño de su fiscalía.

El funcionario ofreció datos duros. Dijo que de febrero de 2010 a la fecha la fiscalía inició 215 investigaciones que resultaron en la consignación ante tribunales de 55 “probables responsables” de diversos delitos. En marzo de 2011, continuó, la fiscalía ejerció acción penal contra Miguel Ángel Bustos Rodríguez y Javier del Río Martínez, miembros de Los Zetas, por su presunta responsabilidad en el asesinato del periodista Martín Valdés Espinoza, del diario El Zócalo, cometido en Saltillo el 8 de enero de 2010.

Sin embargo no mencionó el número de periodistas asesinados y desaparecidos, casi 100, que sirviera a los eurodiputados de punto de referencia. Tampoco pudo citar un solo caso resuelto.

Después la eurodiputada alemana Franziska Keller, del Partido Verde Europeo, presentó un informe en el que critica a las autoridades, así como al sistema de impartición de justicia en México. Ella y su colega finlandesa Satu Hassi estuvieron en Oaxaca y en la Ciudad de México del 1 al 7 de septiembre últimos.

Mencionó que a pesar de las promesas hechas en visitas anteriores por el gobernador Cué y las autoridades federales para avanzar en el esclarecimiento de los asesinatos de Jaakkola y Bety Cariño, el caso sigue impune. También mencionó que el principal sospechoso, Rufino Juárez, arrestado el 12 de mayo pasado por otros crímenes, pronto podría quedar en libertad.

Al final, Keller le preguntó a Cortés Lastra qué respuestas había obtenido la delegación sobre el caso Jaakkola por parte de las autoridades mexicanas en su viaje. El eurodiputado respondió que primero quería hacer “algunas anotaciones”:

“Entiendo que a veces ponemos a las autoridades mexicanas en grandes aprietos; entiendo que como diputados todos queremos realizar nuestro trabajo lo mejor posible, y en ese sentido tengo que decirles que como presidente de esta delegación he estado en dos ocasiones en Oaxaca por este asunto.”

Y agregó: “Hay un nuevo gobierno que ha intentado abrir de manera importante sus puertas a la sociedad civil, incluyendo en su equipo el compromiso en materia de derechos humanos de manera muy importante, y con quien trabajamos desde esta delegación en el interés común de resolver el caso de Jyri Jaakkola”.

En lo que respecta a la pregunta concreta de Keller, Cortés Lastra se limitó a responder que en su último encuentro con el gobernador Cué le pidió “seguir avanzando en este asunto”. También reconoció que el gobierno de Oaxaca ha mostrado una actitud positiva para tratar de resolver el caso.

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SOBRE VISITA CONTROLADA DE PBI MÉXICO

(Carta publicada en la sección Palabra del Lector de la edición del 28 de Enero de 2012 de la revista PROCESO)

Señor director:

Nos dirigimos a usted solicitando respetuosamente la rectificación de parte de la información aparecida en dos artículos (Visita controlada, publicado en Proceso el 25 de diciembre de 2011, y La UE admite debilidades en su política de derechos humanos, aparecido en la Agencia Proceso el 13 de enero de 2012), en los cuales se hace referencia en varias ocasiones a nuestra organización, Peace Brigades International (PBI).

Antes de entrar en más detalles, queremos expresarles nuestro gran respeto a la labor de periodismo en México y especialmente al trabajo que viene realizando Proceso, un medio que investiga y reporta de forma profesional y que con sus reportajes contribuye a la lucha por los derechos humanos en México.

Creemos que en el artículo publicado el 25 de diciembre se usó como fuente un correo electrónico que contenía comunicación bilateral entre PBI y varios eurodiputados y personas que trabajan en organizaciones de la sociedad civil, con las que PBI colabora de forma estrecha. Para elaborar el artículo, se ha citado a una persona contratada por PBI, sin su consentimiento, dando la impresión de que el PBI hubiera hablado con el señor Appel y de que PBI acusara al gobierno mexicano de haber manipulado la agenda de la visita a México de los eurodiputados.

Especialmente en las siguientes frases del primer artículo vemos que se interpretó de forma errónea el correo electrónico arriba citado:

“Durante la visita que en noviembre pasado hizo a la Ciudad de México y a Oaxaca la delegación para México del Parlamento Europeo, funcionarios del gobierno calderonista manipularon la agenda del grupo de legisladores europeos para que no se reunieran con ninguna ONG”.

PBI no tiene constancia, ni ha afirmado en ningún lugar ni ante ningún interlocutor que funcionarios del gobierno de Calderón hayan influido en la agenda en México de los europarlamentarios el pasado mes de diciembre. Estamos sorprendidos y consternados ante esta afirmación.

“Cuando el PBI preguntó a las autoridades mexicanas y europeas si era posible organizar una cita con los defensores de derechos humanos, señala Nistal en su misiva, respondieron que ‘el tema de los derechos humanos no formaba parte de la agenda’ de trabajo de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México”. Integrantes de la oficina del grupo de amistad Unión Europea-México explicaron al PBI –vía telefónica– que no podrían cambiar una agenda ya prefijada que no incluía reuniones con organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil, una decisión que PBI intentó que fuera revisada. PBI no entabló contacto con autoridades mexicanas sobre este tema.

Entendemos que forma parte del trabajo de periodismo interpretar informaciones y usarlas para la publicación de artículos; sin embargo, preferiríamos no ser citados sin aviso previo en ningún artículo. En caso de que una persona integrante del PBI sea nombrada y citada, pediríamos que las fuentes sean confirmadas. Estaremos a su entera disposición para esto si es necesario.

PBI es una organización internacional no gubernamental (ONG) que brinda “acompañamiento internacional” en numerosos países del mundo (actualmente en México, Colombia, Guatemala y Nepal). El Proyecto en México de PBI abrió su primer equipo en 2000 en Chilpancingo, Guerrero. Actualmente mantiene también un equipo de coordinación en el Distrito Federal y otro de acompañamiento en la capital del estado de Oaxaca. El objetivo de nuestra labor es contribuir a una mejora de la situación de derechos humanos en México mediante el acompañamiento internacional y las relaciones públicas. Intentamos abrir y mantener el espacio político para las personas y organizaciones que sufren agresiones y/o amenazas por su trabajo no violento en pro de los derechos humanos y la justicia social. Algunas de las personas a quienes hemos acompañado desde hace años son las señoras Tita Radilla, Inés Fernández, Valentina Rosendo Cantú, el antropólogo Abel Barrera, el padre Alejandro Solalinde Guerra, la señora Alba Cruz Ramos, los hermanos Cerezo.

Con nuestras actuaciones procuramos abrir espacios de diálogo para las personas defensoras de derechos humanos en México, en base a los principios de no injerencia y no partidismo, y establecer relaciones constructivas con los actores estatales con los que interactuamos (autoridades mexicanas e internacionales).

Desde nuestra perspectiva, tenemos un objetivo común con Proceso: contribuir a mejorar la situación de los derechos humanos en México. Ustedes lo hacen vía la labor del periodismo, y PBI México, vía su trabajo de acompañamiento físico, relaciones públicas, capacitaciones, talleres y publicaciones, y con la creación de redes a nivel internacional. Por eso lamentamos comunicarles que los artículos aparecidos en Proceso que nos citan pueden dificultar nuestro trabajo en pro de los derechos humanos, que depende fuertemente de la buena comunicación con las autoridades (federales y estatales), así como con la sociedad civil mexicana y con las diferentes entidades de la comunidad internacional, entre ellas las embajadas y gobiernos de la Unión Europea y sus países miembros.

Por este motivo, teniendo en cuenta nuestro interés común en la mejora de la situación de los derechos humanos, y sabiendo de la buena voluntad y el respeto de la revista Proceso por quienes los defienden y promueven, solicitamos muy cordialmente que ésta publique una rectificación o nos abra la oportunidad de publicar esta carta al director donde presentamos nuestra perspectiva de los hechos.

Aprovecho la oportunidad para agradecerles su atención.

Atentamente

Por PBI México: Maik Mueller,
coordinador general, y Ben Leather,
coordinador de RR.PP. en México

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Respuesta del reportero

Señor director:

En relación a la nota publicada en Proceso 1834 bajo el título Visita controlada, permítame puntualizar que allí se expone de manera clara que la información a la que se refieren Maik Mueller y Ben Leather proviene de una carta que envió un miembro de su organización, Susana Nistal, el 7 de diciembre de 2011, a integrantes del Parlamento Europeo.

Esa comunicación lleva el título de “Urgente-Defensores de derechos humanos mexicanos no obtienen respuesta a su solicitud de diálogo con la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-México”. Hay que recordar que dicha comisión la conforman legisladores de México y del Parlamento Europeo, y que el gobierno federal mexicano intervino en la organización de la agenda de los eurodiputados.

Por otro lado, Nistal afirma en la misma carta: “PBI fue informada de que ‘los derechos humanos no formaban parte de la agenda’. La misión de la UE en México nos informó que todavía podía programarse una reunión de la delegación (para México del Parlamento Europeo) con ONG mexicanas. El 18 de noviembre enviamos una carta solicitando tal reunión, la cual fue firmada por varias ONG mexicanas conocidas (…) PBI también solicitó repetidamente una reunión con defensores mexicanos de derechos humanos. Nunca obtuvimos respuesta”.

Por último, está fuera de lugar la solicitud que hace PBI de no citar a la organización ni a sus empleados sin su previo consentimiento.

Atentamente

Marco Appel